El gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes al presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro, al ministro del Interior Armando Benedetti y a la primera dama Verónica Alcocer en la denominada ‘Lista Clinton’, una medida que implica sanciones financieras y el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense.
La decisión fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que acusó al mandatario colombiano de haber permitido el crecimiento del narcotráfico bajo su política de “paz total” y de beneficiar a organizaciones vinculadas con actividades ilícitas. Según el comunicado oficial, Petro habría “permitido que los carteles prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, lo que llevó a la administración estadounidense a aplicar sanciones en su contra bajo la Orden Ejecutiva 14059, destinada a castigar a personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas.
La acción incluye también a sus allegados. La OFAC señala que Nicolás Petro fue arrestado en 2023 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; que Benedetti fue grabado hablando sobre financiación de campaña y compra de votos; y que Alcocer fue designada inconstitucionalmente como embajadora en misión especial. Por esta razón, los tres fueron sancionados por apoyar o intentar apoyar financieramente al presidente colombiano.
Al conocerse la decisión, Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter).
“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió.
Y agregó: “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
La inclusión del presidente colombiano en la lista OFAC, también conocida como ‘Lista Clinton’, marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de las relaciones entre Bogotá y Washington, pues es la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio de Colombia es objeto de sanciones de este tipo. La medida supone el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de que empresas o ciudadanos norteamericanos realicen transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa del Departamento del Tesoro.
