En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 8 años al diputado Manuel Gutiérrez al ser declarado responsable de una falta gravísima. La investigación surgió por hechos ocurridos cuando Gutiérrez era presidente del Concejo de Valledupar en el 2021, tras una denuncia presentada por Julio César Casadiego contra la mesa directiva del Concejo Municipal de Valledupar por presuntas irregularidades en la celebración del contrato N.° 025-2021, suscrito con la empresa ‘Casa Editorial del Caribe’ para la ejecución de un plan de medios.
Al parecer, la certificación de experiencia presentada por la empresa contratista no cumplía con los requisitos establecidos, ya que provenía de un tercero no autorizado. “Se evidencia que la certificación de experiencia presentada no fue expedida por la entidad beneficiaria del servicio (la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza), como expresamente se exigía en el numeral 2.3.2 de la invitación pública. Esta omisión se acredita con otros medios de prueba ya incorporados, como lo es la certificación expedida por la propia entidad hospitalaria”.
Recomendado: Las razones del Tribunal Administrativo para no tumbar a la personera de Valledupar
¿Qué dice el diputado?
La defensa de Manuel Gutiérrez Pretel se ha fundamentado en la alegación de un “error invencible”, aduciendo “que el disciplinado actuó de buena fe y con la plena convicción de que sus acciones no constituían una falta disciplinaria”.
EL PILÓN dialogó con el diputado por el partido ASI. “Primero, decirle a los amigos del Cesar que estamos en pie de lucha defendiéndonos en este proceso disciplinario que tuvo su origen en el año 2021. Conocimos el fallo de primera instancia y vamos a hacer uso de las herramientas jurídicas para interponer el recurso de apelación. Confiamos que en la segunda instancia, ante el mismo órgano, saldremos victoriosos. Tenemos la razón jurídica en el proceso y así lo vamos a hacer valer”, dijo el diputado.
En los procesos disciplinarios, además de la segunda instancia, las partes pueden acudir al control Jurisdiccional de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que revisa el fallo proferido por la Procuraduría General.
