A casi tres años de que el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado declararan la nulidad de la elección de la personera de Aguachica, Johana Caviedes Pabón, por estar inhabilitada al momento de su designación, el proceso disciplinario contra los ocho concejales que la eligieron sigue sin una decisión de fondo y podría prescribir en febrero de 2026.
El expediente se encuentra en la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña, bajo la responsabilidad del procurador Iván Oswaldo Omeara Vergel. En junio de 2021 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria y, posteriormente, el 4 de octubre de 2023, se formularon cargos a los concejales Manuel Andrés Rangel, Marcela Peña, Jhony Said Jiménez, Isaac Holguín Felizola, Haiver José Navarro, Helmer Contreras, Jorge Holguín Suárez y Óscar Zárate Tirado, quienes integraban el Concejo Municipal de Aguachica para el período 2020–2023. Holguin Felizolla es el actual secretario de Gobierno de Aguachica.
El proceso busca determinar si los cabildantes incurrieron en falta disciplinaria al elegir a Caviedes Pabón como personera, pese a que esta había suscrito un contrato con la Defensoría del Pueblo dentro del año previo a su elección, hecho que, según los fallos judiciales, configuró una inhabilidad expresa prevista en la Ley 136 de 1994.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad de la elección, y la decisión fue confirmada en noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, que consideró probada la inhabilidad al establecer que Caviedes intervino en un contrato público con la Defensoría, lo que la hacía inelegible para el cargo.
Solicitud de vigilancia especial
Ante la falta de un fallo disciplinario, veedores ciudadanos de Aguachica presentaron una solicitud de Vigilancia Administrativa Especial ante la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, pidiendo que el proceso sea asumido directamente por el nivel central. Según los solicitantes, la intervención busca evitar que el expediente prescriba y garantizar que se emita una decisión antes del vencimiento de términos.
Los denunciantes aseguran que la inactividad del despacho de Ocaña pone en riesgo la efectividad de la sanción, pues si no se profiere fallo antes de febrero de 2026, los implicados quedarían libres de responsabilidad disciplinaria.
