Tras el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que anuló la venta de la finca La América, en Chimichagua, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó que apeló la decisión judicial y aseguró que las familias campesinas beneficiarias no serán desalojadas del predio.
En diálogo con EL PILÓN, Alexandra Pineda, asesora de la Dirección General de la ANT en el Cesar, explicó que el terreno continúa bajo propiedad estatal y adscrito al Fondo para la Reparación de las Víctimas. “El predio sigue siendo del Estado. Los campesinos pueden estar tranquilos, no van a salir de la finca La América”, afirmó.
La funcionaria aclaró que la decisión de compra del predio no se tomó en el ámbito regional, sino desde la Dirección de Acceso a Tierras, dependencia encargada de tramitar las adquisiciones con base en comités técnicos, jurídicos y financieros. Según Pineda, la apelación de la ANT se sustenta en dos argumentos principales: la falta de competencia del magistrado que dictó la nulidad y la aplicación del régimen de “enajenación temprana” previsto en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo de 2023.
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“El juez desconoció el ámbito de acción de la jurisdicción contenciosa administrativa y cometió un error al afirmar que la enajenación anticipada afectaba los derechos de reparación de las víctimas. La apelación busca que se reconozca que la adquisición se hizo dentro de la legalidad y con el fin de garantizar la reforma agraria”, puntualizó.
El futuro de La América
Sobre el destino del predio en disputa, Pineda reiteró que la prioridad es mantenerlo en manos de los campesinos. “Lo que viene ahora es esperar el resultado de la apelación y seguir avanzando en la entrega material y en la titulación formal de las tierras. La finca La América seguirá en el marco de la reforma rural integral y de la reparación a las víctimas”, concluyó.
Según Pineda, el proceso de redistribución de tierras enfrenta “estructuras de poder con intereses económicos y políticos” que durante décadas se han beneficiado de predios con origen cuestionado. “No nos sorprende el despliegue judicial. Sabemos que estos poderes buscan frenar la reforma, pero nosotros avanzamos dentro de la legalidad y con respeto a las instituciones”, señaló.
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Pineda aseguró que en el Cesar, la ANT ha entregado más de 38.000 hectáreas a 4.300 familias campesinas, lo que ubica al departamento entre los primeros lugares del país en redistribución de tierras, junto con Antioquia y Córdoba. No obstante, sectores críticos han cuestionado que es una entrega “simbólica”. Según la asesora, cerca del 30 % de los beneficiarios ya tienen títulos formales, mientras que los demás procesos de escrituración están en curso.
