La tierra en Colombia no solo ha sido escenario de conflicto, sino también botín de guerra, el Cesar no es la excepción. Y hoy, cuando desde la Agencia Nacional de Tierras avanzamos en su recuperación, tiemblan quienes se beneficiaron del despojo. Tiemblan los que la robaron. Porque devolverle la tierra a las víctimas, a los campesinos, a las comunidades históricamente excluidas, es tocar los intereses más oscuros y enquistados del poder.
En los últimos días he sido blanco de una serie de ataques injustificados a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. Se me han atribuido responsabilidades que no me corresponden, se ha cuestionado mi accionar sin fundamento y sin pruebas, y se ha pretendido instalar una narrativa que distorsiona los hechos y desconoce las aclaraciones oficiales.
Pese a que el director general de la Agencia Nacional de Tierras fue claro y contundente en sus declaraciones, explicando con precisión que “no existe un cartel de tierras” y deslindando responsabilidades, los titulares siguieron apuntando hacia mí. Como si la verdad no tuviera el mismo valor que el escándalo. Como si la aclaración institucional no mereciera el mismo espacio que la especulación.
Lo más preocupante es que estos ataques no son casuales. Surgen precisamente en el contexto del trabajo que venimos adelantando desde la Agencia Nacional de Tierras: la recuperación de predios que estuvieron en manos del narcoparamilitarismo, las más de 14.000 hectáreas de predios baldíos en manos de grandes terratenientes anunciadas en el marco del deslinde de los playones y sábanas comunales del complejo cenagoso de la Zapatosa, y la adquisición de más de 13.000 hectáreas correspondiente a predios administrados por la SAE y el Fondo de Reparación de las Víctimas, en su mayoría ocupados por los testaferros de las mafias, responsables del despojo y la masacre de familias en el departamento del Cesar.
Sé que estos intentos de desinformación y desprestigio no son espontáneos. Son reacciones viscerales de quienes se sienten afectados por las acciones concretas que hemos venido logrando bajo el liderazgo de nuestro director general Juan Felipe Harman y el Gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro.
Por eso, fui yo misma quien solicitó formalmente a la Oficina de Inspección de Tierras que se investigue a fondo. No solo los hechos que han dado lugar a esta campaña de desprestigio, sino también la conducta de todos los contratistas de la Unidad de Gestión Territorial del departamento del Cesar. Porque la transparencia no se defiende con discursos, sino con acciones. Y porque el acceso a la tierra debe estar libre de conflictos de interés, especialmente cuando se trata de servidores públicos.
He instaurado nueve denuncias penales ante la Fiscalía contra los presuntos responsables de esta campaña sistemática, periodistas, redes sociales y medios de comunicación que sin pruebas se prestaron para difundir información falsa, manipular la opinión pública y dañar mi honra y buen nombre. Esta conducta no solo vulnera mis derechos fundamentales, sino que también atenta contra los principios éticos del ejercicio periodístico y la responsabilidad que implica comunicar en un Estado de derecho.
No escribo estas líneas para defenderme de lo que no he hecho, sino para invitar a una reflexión más profunda sobre el papel que juegan los medios y las redes en la construcción de reputaciones. Porque cuando se privilegia el clic sobre el contexto, cuando se editorializa desde el prejuicio y no desde la verificación, se vulnera no solo a las personas, sino a la democracia misma.
Soy consciente de que el servicio público implica exposición, escrutinio y exigencia. Lo acepto con responsabilidad y compromiso. Pero también exijo que ese escrutinio se haga con rigor, con ética y con respeto. No desde la desinformación ni desde el interés de dañar.
No me atacan porque haya hecho algo malo, sino por lo que estamos logrando: devolverle la tierra a quienes la perdieron por la violencia, más de 28.000 hectáreas entregadas a 3.500 familias campesinas del Cesar. Eso, para algunos, es imperdonable.
A quienes han preferido el juicio mediático sobre el diálogo, les digo que sigo trabajando con la frente en alto, con la convicción intacta y con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su lugar.
Por Alexandra Pineda Ortiz.
