Este 29 de septiembre se cumplieron 24 años del homicidio de ‘La Cacica’ Consuelo Araújo Noguera, reconocida no solo como creadora del Festival de la Leyenda Vallenata, sino además como escritora, periodista, cónsul de Colombia en España, ministra de Cultura y política aspirante a la Gobernación del Cesar.
Fue en 1997 cuando decidió entrar al mundo electoral y, en medio de sus discursos, hizo un ferviente llamado a rescatar el río Guatapurí, un tema que dos décadas después sigue vigente y pendiente, sobre todo en lo relacionado con la reubicación de las poblaciones que viven en la orilla del afluente. “El río Guatapurí, del que tanto se habla por los mandatarios municipales, con el cuento ya sabido y requetesabido por toda la ciudadanía de que hay que trasladarlos a unas urbanizaciones nuevas porque ustedes, dicen los informes de los geólogos, están en una zona de alto riesgo”, expresó Araújo refiriéndose en aquel entonces a los habitantes del sector del Paraíso.
Alto riesgo
“Yo creo, amigos del Paraíso, que están en una zona de alto riesgo, pero no exactamente ni únicamente porque estén ocupando la margen derecha del río. El alto riesgo que viven ustedes y que vive el 80 % de los habitantes del departamento del Cesar es el riesgo del abandono secular en que el Estado ha tenido a la mayoría de sus habitantes condenándolos a situaciones precarias”, detalló.
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En 2025, esas palabras están latentes en medio de los retos que aún afronta el río Guatapurí y las comunidades que dependen de él. Precisamente, EL PILÓN publicó la semana pasada un artículo en el que expone que uno de los “mayores fracasos ambientales y urbanísticos” de Valledupar ha sido la margen derecha del río Guatapurí debido a los asentamientos informales, la falta de planeación y la negligencia institucional, factores que han convertido esta zona en una “amenaza permanente” para el afluente más importante de la capital del Cesar.
En palabras de Consuelo, esta situación de antaño no solo refleja un asunto de gestión del riesgo, sino que además destapa otros problemas pendientes en la región, como el acceso a derechos y necesidades básicas insatisfechas: “El alto riesgo que tienen los asentamientos de la margen derecha del río Guatapurí es el riesgo del abandono, el riesgo de la pobreza, el riesgo de la falta de oportunidades, el riesgo inmediato de la enfermedad, de la necesidad de trabajo, de producir comida para sus hijos…”.
Un asunto de derechos
Ante esa situación compleja, argumentaba Araújo, los mandatarios tendrían que esmerarse por cumplir la Constitución Política, que consagra “el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno que les permita conseguir el pan de cada día y el bienestar para sus hijos sin tener que andar batallando con la pobreza”.
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De acuerdo con la investigación, la última caracterización rigurosa de la zona fue realizada hace nueve años. “En ese momento se identificaron más de 2.100 casas levantadas en barrios como Nueva Colombia, Nueve de Marzo, La Esperanza Oriente, Once de Noviembre, Pescaíto, Garita, Alta Gracia, El Edén, Paraíso 1 y 2, Camilo Zapata o Zapato en Mano”, pero líderes comunitarios y organizaciones ambientales aseguran que la cifra es aún mayor, debido al crecimiento de nuevos asentamientos y la llegada de familias desplazadas por la violencia y la migración venezolana.
Zona de la margen derecha del río Guatapurí, donde se concentra gran parte de la contaminación que afecta la cuenca y donde se proyectan planes para su recuperación ambiental. Foto: Archivo
Además de las viviendas construidas a escasos metros del cauce, que invaden la ronda hídrica, resulta crítico el vertimiento de aguas residuales y todo tipo de desechos, lo que ha llevado a los ambientalistas a concluir que la margen derecha se transformó en “el basurero de Valledupar”. Aunque el jingle político de Consuelo Araújo anunciaba “Vienen los buenos tiempos, todo será mejor”, hay un historial de fracasos en las reubicaciones, según indagaciones del arquitecto José Neguit, quien precisa que entre 1995 y 2015 en Valledupar fueron desarrollados cuatro proyectos para reubicar a los invasores de la margen derecha del río Guatapurí: Mareigua, El Edén, Populandia y Lorenzo Morales.
Sin embargo, según una caracterización socioeconómica realizada por la Cámara de Comercio hasta 2016, en la margen derecha del río Guatapurí el 68 % de la población percibía sus ingresos gracias al trabajo independiente o informal, esto es, venta ambulante de tintos, aguacates, artesanías, reciclaje o albañilería. Es decir, a pesar del acceso a vivienda por parte del Estado, las condiciones socioeconómicas de las familias seguían siendo precarias.
Foto de la margen derecha del río Guatapurí.
Entre tanto, la ciudadanía ha tomado cartas en el asunto a través de acciones populares, como la presentada en 2020 por Gustavo José Cabas Borrego, junto a Luis Antonio Maestre Orozco y Alfonso Luis Martínez Fuentes, contra el departamento del Cesar, el municipio de Valledupar, Emdupar y Corpocesar, debido a la contaminación sistemática del río por vertimientos residuales e industriales, así como la permisividad frente a urbanizaciones ilegales y el manejo inadecuado de residuos sólidos.
El llamado para las instituciones es implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) y dar claridad sobre 38 mil millones de pesos en proyectos anunciados recientemente por Corpocesar, con la esperanza de que en los próximos 20 años no haya que recordar que el panorama sigue intacto.
