La polémica en torno a la trayectoria académica de Juliana Guerrero, exaspirante al viceministerio de Juventud, suma un nuevo capítulo tras revelarse que la funcionaria realizó pagos a la Fundación Universitaria San José después de haber recibido oficialmente su título en Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
Según publicó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, documentos electrónicos muestran que Guerrero efectuó tres consignaciones entre finales de julio de 2025, poco después de la expedición de sus diplomas el 1 de julio del mismo año. El primer pago, registrado el 28 de julio, corresponde a los derechos de grado de Contaduría por un millón de pesos. Al día siguiente, se consignaron dos millones de pesos para la matrícula del programa de Tecnología y 4.776.300 pesos para la matrícula de Contaduría, sumando cerca de ocho millones de pesos que ingresaron directamente a la Fundación.
Pedraza, quien hizo públicas las facturas electrónicas, cuestionó la celeridad con la que las autoridades educativas han abordado las irregularidades en la institución. “Han pasado seis meses desde que destapé este escándalo. Los delitos están. Las responsabilidades son claras. Y la inacción del Estado también”, expresó la congresista en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.
Este hallazgo se da en el contexto de denuncias previas sobre diplomas irregulares en la Fundación Universitaria San José. La congresista Catherine Juvinao señaló que al menos 24 casos habrían beneficiado a contratistas del Gobierno en distintas entidades, incluyendo situaciones donde un mismo funcionario habría recibido múltiples títulos en un solo día.
En el Cesar y otras regiones del país, la situación genera preocupación sobre la supervisión de las instituciones educativas privadas y la confiabilidad de los títulos que emiten, especialmente cuando se vinculan a cargos públicos de alto perfil. La polémica también revive el debate sobre la responsabilidad de las autoridades de inspección y vigilancia frente a posibles irregularidades administrativas y académicas.
Ascenso y caída de Juliana Guerrero, una de las funcionarias más polémicas del Gobierno Petro
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, oriunda de Valledupar, se convirtió en una de las funcionarias más jóvenes y polémicas del Gobierno de Gustavo Petro. Con apenas 22 años, ocupó cargos importantes en la Presidencia de la República y en el Ministerio del Interior, incluyendo jefatura de gabinete y asesora de despacho, a pesar de no contar inicialmente con experiencia profesional ni títulos universitarios.
Su llegada al Ejecutivo estuvo marcada por su activismo estudiantil, su participación en la campaña presidencial de 2022 y su cercanía con altos funcionarios, lo que le permitió asumir roles de alta visibilidad y responsabilidad dentro del Gobierno.
La trayectoria de Guerrero estuvo rodeada de controversias, entre ellas el uso de vuelos oficiales para desplazamientos personales y la obtención de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José sin cumplir con todos los requisitos legales, como los exámenes Saber Pro.
Según el director de La FM de RCN Radio, el Gobierno Petro le encargó la misión especial de control de la Universidad Popular del Cesar (UPC), teniendo en cuenta que desde abril de 2025 Guerrero había sido designada como representante del Gobierno ante el centro universitario.
Estas irregularidades motivaron investigaciones de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, y derivaron en la anulación de sus títulos académicos y su retiro de los cargos que ocupaba en el Ejecutivo.
