La Procuraduría General de la Nación requirió a las autoridades municipales y departamentales del Cesar información detallada sobre las acciones que adelantan para superar las graves deficiencias que se presentan en las cárceles y centros de detención del departamento, donde persisten problemas de hacinamiento, fallas en la atención en salud y deficiencias en la alimentación e infraestructura.
El ente de control, que mantiene activo el seguimiento a través de las mesas penitenciarias, solicitó conocer los procesos contractuales relacionados con el suministro y transporte de alimentos, así como los avances en el cumplimiento de los planes ya estructurados para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.
Asimismo, la Procuraduría demandó que se garantice una atención médica efectiva y oportuna, incluyendo atención especializada y en salud mental, ante los rezagos que se han identificado en este aspecto.
Lea: Ejército evita tragedia en Pelaya, Cesar: destruyó cilindro bomba de 40 libras instalado por el ELN: Procuraduría advierte grave hacinamiento en cárceles del Cesar y exige acciones inmediatas a las autoridadesLa Regional Cesar también pidió informes sobre el estado actual de los convenios, traslados y ejecución presupuestal, además de los avances en la construcción de centros de atención transitoria y los proyectos de infraestructura orientados a mitigar el hacinamiento en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Cabe recordar que en Valledupar, el hacinamiento en la Cárcel Judicial en el pabellón de mujeres, alcanzó este año un 140 %, una de las cifras más altas del país y muy por encima del promedio nacional, donde las prisiones femeninas generalmente no registran sobrepoblación.
Yesenia Salazar, directora de la Judicial de Valledupar, en diálogo con EL PILÓN, reconoció la situación. “Hoy es indiscutible que existe hacinamiento, no solamente en la cárcel Judicial, sino en todas las del país”, señaló Salazar.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría busca que las autoridades locales adopten medidas urgentes y sostenibles que permitan mejorar las condiciones de reclusión en el departamento y garantizar los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Redacción judicial / EL PILÓN
