El fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto de 2025, dos meses después de haber sido gravemente herido durante un atentado en Bogotá, ha conmocionado al país y reabierto un debate sobre cómo responde la justicia cuando un adolescente comete un delito grave como el homicidio.  
El ataque, calificado por la Fiscalía como un magnicidio, fue perpetrado en el marco de un acto político el 7 de junio en el parque El Golfito, donde un menor de 15 años disparó contra el senador. Uribe Turbay, de prolongado linaje político, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de Diana Turbay, abogada y periodista asesinada en los años 90, no logró recuperarse de las heridas, falleciendo tras complicaciones cerebrales.
Un sistema pensado para resocializar, no castigar
Con este caso en curso, el país ha puesto sus ojos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), previsto en la Ley 1098 de 2006. Este sistema está diseñado para responder, no con castigo, sino con medidas orientadas a la resocialización, educación y garantía de derechos. Tiene como principio fundamental el interés superior del menor, priorizando su rehabilitación sin renunciar a la protección de la sociedad.
El abogado Esteban Tovar explicó a EL PILÓN que este caso se enmarca en un homicidio consumado con agravantes, pero el tratamiento legal para un menor de edad difiere sustancialmente del que recibiría un adulto.
“En Colombia existen dos sistemas: el penal ordinario y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA). Este último está diseñado para la resocialización, no para el castigo. En casos de homicidio, la sanción máxima para un adolescente es de ocho años en un centro especializado, mientras que un adulto enfrentaría penas mucho más altas y con agravantes reconocidos por la ley”, indicó Tovar.
Respecto a las sanciones, la normativa establece distintos niveles según la gravedad. Un menor entre 14 y 18 años, responsable de homicidio doloso, puede recibir una privación de libertad en centro de atención especializada de entre 2 y 8 años, sin beneficios para redimir la pena. Para otros delitos graves o agravados, se aplican medidas similares, y también es posible recibir sanciones alternativas como amonestación, reglas de conducta o prestación de servicios a la comunidad, especialmente si el comportamiento no alcanza penalidad tan alta.
Penas más bajas, un incentivo para las bandas criminales
El jurista advirtió que las bandas criminales han identificado estas diferencias y, en algunos casos, reclutan menores para cometer delitos graves, sabiendo que recibirán sanciones más leves.
Además, Tovar cuestionó la falta de seguimiento posterior al cumplimiento de la condena. “Estas instituciones especializadas presentan falencias en el control y acompañamiento una vez el joven sale en libertad, lo que facilita la reincidencia”, indicó.
El caso de Uribe Turbay no solo enluta a Colombia, sino que pone sobre la mesa la urgencia de revisar y fortalecer el sistema penal juvenil, para evitar que se convierta en un atajo para la criminalidad.
Redacción judicial / EL PILÓN
