En el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías de Valledupar se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra varios exfuncionarios públicos, contratistas y oficiales del Ejército Nacional implicados en presuntas irregularidades contractuales en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Borrego Daza, exjefe de contratación; William Díaz Bazza, secretario de Gobierno durante el periodo 2020-2023 y actual secretario de Tránsito de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico; David Franco Durán y Bernardo Antonio Rozzo, oficiales con rango de teniente adscritos al Batallón Especial Energético y vial N° 2 José María Cancino y los contratistas Alfonso Rodríguez Quiñonez y Ricardo García Deiber.
Las personas mencionadas anteriormente estarían vinculadas al contrato N° 255 de 2022, el cual tiene que ver con el suministro de alimentación para la fuerza pública de ese territorio con un valor de $99.996.000 millones, del cual, según la investigación, se habían cometido irregularidades en su planeación y ejecución.
A través de fuente humana se conoció respecto algunas irregularidades que se estaban presentando en el batallón energético y vial de la Jagua de Ibirico, entre ellos, el contrato número 255 del 14 de junio de 2022, ya descrito y luego de realizadas las indagaciones correspondientes se logró establecer que funcionarios de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico tramitaron y celebraron el contrato de suministro durante la vigencia de 2022 con el señor Alfonso Rodríguez Quiñones para la adquisición de alimentación para los miembros del Ejército Nacional sin el cumplimiento de requisitos legales, desconociendo principios de la contratación estatal como lo son los principios de transparencia, responsabilidad economía y selección objetiva.
La fiscal destacó que entre los hechos relevantes se encuentra que William Díaz Bazza, en calidad de secretario de Gobierno municipal de La jagua de Ibirico, y Carlos Borrego Daza, en calidad de jefe de contratación de ese municipio para el año 2022 antes de la suscripción del contrato, en ejercicio de sus funciones, tramitaron lo que correspondió al estudio de mercado, estudios previos, asignación de presupuestos, aprobación para realizar la correspondiente contratación y omitieron realizar las cotizaciones a los oferentes del mercado o posibles proponentes. “Y tuvieron como fundamento de dichos trámites tres cotizaciones que fueron gestionadas por quien resultó ser el único proponente o contratista, Alfonso Rodríguez Quiñones. En consecuencia, Carlos Borrego Daza, en calidad de jefe de contratación y delegado para suscribir contratos por parte del alcalde municipal de la época, celebró el contrato con Alfonso Rodríguez Quiñonez sin verificar el cumplimiento de los requisitos para tal efecto”, dijo la Fiscal.
Por otro lado, según el ente acusador, los comandantes del Batallón de La Jagua de Ibirico, el teniente coronel Bernardo Antonio Rozzo, en fecha del 22 de julio de 2022, expidió acta de recibo a satisfacción de los alimentos cuando no existe soporte alguno de que estos efectivamente se entregaron y, por su parte, el teniente coronel Deivis Franco Durán, junto al supervisor del contrato William Díaz Bazza y el contratista Alfonso Rodríguez Quiñones, “emitieron y firmaron actas de recibo manifestando en dichos documentos haber recibido alimentos cuando no ocurrió, facilitando con estos documentos que se diera por parte de Rodríguez el cobro de la suma de dinero periódicas a la alcaldía municipal”, manifestó el ente acusador.
Así mismo en la diligencia judicial la fiscal explicó que, se cuenta con material probatorio y evidencia física que el sargento segundo Ricardo García Deiber, era quien tenía el deber de formalizar los bienes y servicios de FONSECON Y de FONSET, “sin embargo, omitió poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades que se estaban presentando y fue la persona que presuntamente lleno la planilla de la alimentación, incluyendo información falsa”, se dijo en la audiencia.
Según la Fiscalía, todo lo anterior permitió que Quiñones se apropiara de una suma aproximada de $46.000.000 millones por un alimento que no suministró aprovechando el cobro de la suma de dinero por un contrato incumplido.
En la audiencia se conoció que estas personas serán imputadas por delitos como peculado por apropiación, falsedad en documento público y contrato sin el lleno de requisitos legales, relacionados con presuntas anomalías en el manejo de recursos del Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales (FONSET). Cabe mencionar que el secretario de Tránsito fue desvinculado de su cargo a raíz de las investigaciones.
Por Redacción Judicial
