El Ministerio del Interior fijó para el domingo 26 de abril de 2026 las elecciones de JAC y Juntas de Vivienda Comunitaria en todo el país, como parte del proceso comunal 2026–2030 que, además, les permitirá a las juntas acceder a convenios solidarios de hasta 70 millones de pesos para obras comunitarias en el Cesar. El calendario nacional exige que las organizaciones escojan Tribunal de Garantías hasta el 26 de marzo y mantengan abierto el libro de afiliados hasta el 10 de abril, de modo que quienes residan en el barrio, tengan más de 14 años y cumplan requisitos puedan votar.
En Villa Miriam, sin embargo, ese cronograma se rompió: la asamblea para elegir el Tribunal no se certificó, el libro de afiliación se convirtió en el centro de la pelea y la Junta quedó por fuera de la jornada del 26, a la espera de una elección en fecha posterior.
En este contexto, dos nombres concentran la discusión: José Gregorio Zuleta, expresidente de la JAC durante 16 años y hoy funcionario de la Alcaldía de Valledupar, y José David Trujillo, líder barrial que acompaña el proceso de recambio comunal. Cada uno responsabiliza al otro del bloqueo, mientras la comunidad sigue sin representación formal.
Libros de afiliados nuevos
José Gregorio Zuleta fue presidente de la JAC de Villa Miriam por cerca de 16 años y actualmente es secretario de Gestión Social del municipio de Valledupar, cargo al que, según dice, renunció para evitar conflicto de intereses, aunque su dimisión no fue tramitada. “Ahora tengo el cargo en la Oficina de Gestión Social del municipio de Valledupar. Lo entregué por tema de conflicto de intereses, no porque esté yo inhabilitado. Renuncié, una renuncia que nunca fue aceptada”, explicó, al insistir en que no es candidato ni pretende seguir en la junta, pero reconoce que la comunidad aún lo busca como referente.
Zuleta asegura que durante 16 años fue quien tuvo el manejo del barrio y el contacto con la comunidad y que su papel reciente ha sido asesorar a un grupo de jóvenes interesados en relevar los liderazgos comunales. Según su relato, la Gobernación del Cesar retiró los libros de afiliados y los reemplazó por otros, lo que impidió certificar la asamblea para escoger el Tribunal de Garantías y abrió un vacío de reglas en el barrio.
El expresidente señala directamente a Dolly Pérez, dirigente actual (aunque la señora Pérez asegure que no representa a la junta del barrio ni al barrio), como responsable de apropiarse del libro sin tener la función de secretaría y de cerrar, de facto, la participación.
Zuleta insiste en que él solo ha pedido que se respete el calendario comunal y que, al no haberse podido realizar la asamblea del 26 de marzo, la comunidad está en derecho de convocar una nueva, escoger presidente, secretario y Tribunal de Garantía y solicitar al Gobierno una fecha especial para la elección de JAC: “Villa Miriam ya no entra al calendario, pero no es que se quede sin elecciones. La comunidad se puede reunir, certificar asamblea, escoger presidente, secretario y Tribunal y mandar esa novedad al Gobierno”.
“Saboteó y fragmentó la reunión”: la versión de José David Trujillo
Desde el otro lado del conflicto, José David Trujillo sostiene que el problema de Villa Miriam viene de hace años y que el punto de quiebre fue el manejo del antiguo libro de afiliados bajo la presidencia de Zuleta. “El libro de afiliación que tenía la antigua Junta de Acción Comunal en cabeza de José Gregorio Zuleta tenía muchas anomalías: personas que ya habían fallecido, personas que no convivían en el barrio, tachones, hojas arrancadas, muchas irregularidades”, afirma. Por esa razón, relata, un grupo de habitantes solicitó a la Secretaría de Gobierno de Valledupar un “borrón y cuenta nueva”, petición que fue aprobada y dio origen a un nuevo libro y a un nuevo censo.
Trujillo asegura que desde comienzos de este año se viene adelantando un censo “acorde a la ley”, con puntos visibles en la bodega emblemática de Villa Miriam y en tiendas populares, donde se inscriben “las personas reales, las que conviven en el barrio”. En ese contexto, convocaron una Asamblea General para elegir el Comité de Garantía, con acompañamiento de la Oficina de Participación Ciudadana, el último día previsto por el calendario para conformar ese tribunal, el 26 de marzo.
Según su versión, ese día apareció José Gregorio Zuleta con un grupo de personas no afiliadas al nuevo libro, con el objetivo de bloquear la elección del Comité: “Él llevó sus candidatos porque tiene intereses particulares… participó, saboteó, dividió. Llegó con un claro objetivo: fragmentar la reunión, que no se llevara a cabo el tema del Comité de Garantía”, sostiene. Trujillo cuestiona que Zuleta, siendo secretario de Política Social de la Alcaldía, intervenga activamente en la JAC: “De hecho él no debe participar en ese escenario. No debe estar ahí, porque ostenta un cargo y es jefe de una dependencia del municipio”.
El líder barrial afirma que, tras el fracaso de la asamblea, la Junta quedó “acéfala” y la comunidad sin representación, por lo que acudieron a la parte jurídica de la Secretaría de Gobierno a pedir una salida institucional: “El abogado nos dijo que pasáramos una solicitud exponiendo los motivos por las cuales no se llevaron a cabo el 26 el Comité de Garantía. Estamos armando la carta para que la Secretaría nos dé nuevas fechas y podamos convocar otra asamblea”.
Secretaría de Gobierno del Cesar y su falta de control
El choque de versiones en Villa Miriam se da en un contexto departamental en el que la Secretaría de Gobierno del Cesar y la Gobernación han apostado fuerte por las JAC como ejecutoras de obras: para 2026, 262 juntas del departamento tienen cupo de hasta 70 millones de pesos cada una para parques, escenarios deportivos, salones comunales y vías, dentro del programa de fortalecimiento comunal. Sin embargo, mientras se multiplican las obras, persisten las denuncias por falta de control y pedagogía.
A nivel departamental, la Federación Comunal del Cesar ya había advertido que en distintos barrios de Valledupar y municipios del Cesar algunos presidentes retienen de forma irregular los libros de afiliados para impedir nuevas inscripciones y planchas de oposición, práctica que viola la norma, según la cual la custodia de estos documentos corresponde a las secretarías de las juntas. Estas quejas motivaron reuniones entre la Secretaría de Gobierno del Cesar, la Federación y líderes comunales, pero en la práctica, casos como el de Villa Miriam muestran que la conflictividad local sigue sin resolverse.
En el barrio, ambos líderes coinciden en que ha faltado un acompañamiento más claro y oportuno de las autoridades. El primero considera que hubo “mala gestión administrativa” del ente de control y vigilancia al cambiar los libros sin garantizar el resto del procedimiento, mientras el segundo espera que la Secretaría de Gobierno responda la solicitud escrita y fije una nueva fecha para la asamblea y el Comité de Garantía. Entre tanto, el calendario nacional avanza y Villa Miriam se suma a la lista de barrios que no votarán el 26 de abril.
Democracia barrial en riesgo
La Ley 2166 de 2021 concibe a las JAC como las “células básicas” de la participación ciudadana, abiertas a jóvenes desde los 14 años y llamadas a gestionar proyectos, priorizar recursos y ejercer veeduría en cada barrio. El Ministerio del Interior ha promovido capacitaciones y campañas como “Prepárate para las Elecciones Comunales 2026” justamente para evitar que la desinformación y el manejo discrecional de los libros afecten la transparencia del proceso.
Pero en el Cesar, donde hay recursos crecientes y un historial de presidentes “atornillados” y libros “sagrados” bajo llave, la falta de socialización en profundidad de la nueva ley y de intervención oportuna de la Secretaría de Gobierno del Cesar está dejando barrios enteros al margen de la jornada y debilitando la confianza en la democracia barrial.
Villa Miriam es hoy un espejo de ese riesgo: dos liderazgos enfrentados, libros cambiados y cuestionados, una junta sin doliente, un calendario nacional que no se cumple y una comunidad que, pese a las divisiones, insiste en que el objetivo debe ser el bien común. Como advierte José David Trujillo, “esto no nos afecta a uno ni a otro, nos afecta a todos”. Y como reconoce el propio José Gregorio Zuleta, será la asamblea general, no los cargos ni los contratos, la que deba decidir quién conducirá la JAC y cómo se manejarán los recursos y proyectos en el barrio.
