La Gobernación del Cesar y el Instituto para el Desarrollo del Cesar (Idecesar) negaron que exista un cobro oficial de 400.000 pesos mensuales por ocupar zonas verdes del Parque de la Vida, como denuncian ciudadanos que frecuentan este escenario ambiental en Valledupar. Sin embargo, reconocieron que sí hay un esquema de aprovechamiento económico con 14 emprendimientos recreativos autorizados que pagan, en conjunto, 4,9 millones de pesos al mes por el uso temporal de áreas dentro del parque.
La respuesta oficial se conoció tras un derecho de petición radicado por EL PILÓN, en el que se advertía sobre presuntos cobros irregulares, amenazas de expulsión a familias en picnic y falta de claridad sobre quién maneja los recursos que se recaudan en el lugar.
El origen de la denuncia ciudadana
La inquietud ciudadana surgió a partir de testimonios de usuarios que aseguran haber sido presionados por vendedores para abandonar zonas de picnic y áreas verdes, bajo el argumento de que aquellos “pagan a la Gobernación del Cesar” hasta 400.000 pesos mensuales por el derecho a usar esos espacios.
En el derecho de petición se detallaron cuatro situaciones: ocupación sistemática de zonas verdes por personas sin identificación oficial, cobro de supuestos “arriendos” sobre el césped, amenazas de llamar a la Policía para remover a quienes no ceden el lugar y ausencia de información pública sobre la legalidad de esos cobros.
14 emprendimientos autorizados y $4,9 millones al mes
Idecesar confirmó que es el administrador del Parque de la Vida “Bosque Tropical Seco” y que, en esa calidad, maneja el esquema de aprovechamiento económico del espacio público al interior del parque.
“Actualmente, el valor total recaudado es de 4.910.000 pesos mensuales entre los emprendedores autorizados”, indicó la entidad, al precisar que estos cobros se realizan desde septiembre de 2025 mediante permisos transitorios de uso de espacio público. Dichos recursos, según Idecesar, “se destinan directamente al mantenimiento del parque y al pago del personal encargado del mantenimiento y funcionamiento del parque”, con registro contable a cargo del instituto.
Senderos peatonales rodeados de zonas verdes en el Parque de la Vida, que conectan los espacios de memoria, juego y contemplación. Foto: Said Armenta.
La respuesta señala que solo están autorizados 14 emprendimientos de carácter recreativo o deportivo, distribuidos para evitar aglomeraciones y mantener el carácter ambiental del parque. Entre las actividades permitidas se encuentran alquiler de carros eléctricos, patinetas, bicicletas, tableros y trampolines, con permisos por tres meses inicialmente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, y cada uno con ubicación específica dentro del Parque de la Vida.
“No se cobra por zonas verdes ni hay vendedores de productos autorizados”
Frente a la principal preocupación ciudadana —el presunto cobro de 400.000 pesos por ocupar zonas verdes— la respuesta fue categórica: “No se realiza ningún cobro por ningún concepto por el uso de las zonas verdes del parque. A ningún ciudadano ni a ningún emprendimiento se le cobra, ya que las zonas verdes están destinadas al disfrute de los ciudadanos y no son objeto de aprovechamiento económico del espacio público”.
Además, Idecesar afirmó que “los vendedores de productos no están autorizados en el Parque de la Vida” y que solo se permiten emprendimientos recreativos en fase inicial, que no requieren aún formalización tributaria completa, pero sí portar un carné visible expedido por el instituto para diferenciarlos de los vendedores informales. “Los vendedores autorizados en el Parque de la Vida tienen sus respectivos carnés […] y están obligados a portarlos de manera visible para acreditarse ante el público”, sostuvo la entidad.
Vendedores informales, un limbo entre la permisividad y el control
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con el manejo de los vendedores ambulantes e informales que ingresan al Parque de la Vida. Idecesar sostiene que estos “como cualquier ciudadano, tienen derecho a ingresar y aprovechar el parque, siempre que no ocupen un espacio de manera permanente ni vulneren el derecho al libre tránsito y disfrute de otros usuarios”.
En ese marco, la entidad afirma que “no existe un procedimiento sancionatorio” específico para vendedores que ocupen ilegalmente espacios o hagan cobros no autorizados, salvo la intervención del instituto cuando se presenten ocupaciones permanentes o conductas que afecten la seguridad u orden del parque. A la fecha de la respuesta, Idecesar “no ha recibido denuncias formales” de ciudadanos por amenazas, cobros irregulares o expulsiones en el parque.
Esta posición contrasta con los relatos que motivaron el derecho de petición, donde usuarios denunciaron presiones de personas que se arrogan la titularidad de determinadas zonas, una tensión que deja en evidencia un vacío operativo entre la lógica de “cualquier ciudadano puede entrar” y la necesidad de garantizar que no se reproduzcan prácticas de privatización de hecho sobre el espacio público.
¿Quién manda en el Parque de la Vida?
La respuesta también detalla la arquitectura institucional que rige el Parque de la Vida. En el plano normativo, la Alcaldía de Valledupar expidió el Decreto 1010 del 6 de diciembre de 2022, que establece el marco para la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público en el municipio, incluyendo el aprovechamiento económico bajo ciertas condiciones.
En lo contractual, el parque opera bajo un contrato interadministrativo de administración y operación entre el Departamento del Cesar e Idecesar, de cuatro años y diez meses de duración, en el que se le entrega al instituto la tenencia y la responsabilidad de gestionar actividades económicas, de recreación y deporte dentro del escenario. El comodato 1992-SGR de 2024, suscrito entre el Municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar, transfirió al departamento el derecho de uso y goce del inmueble para luego entregarlo a Idecesar para su operación.
En cuanto a quién toma decisiones del día a día, la entidad señala que la Oficina de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Idecesar es la encargada de la gestión y regulación interna del Parque de la Vida, mientras que la vigilancia se comparte entre el propio instituto, la Gobernación del Cesar y contratistas de la Alcaldía responsables del espacio público.
Sin comité ciudadano ni mesa de concertación
Pese al carácter emblemático del Parque de la Vida como escenario de memoria, recreación y encuentro comunitario, la respuesta oficial admite que “actualmente no existe un comité de gestión o una mesa de concertación” dedicada a escuchar de manera permanente a usuarios, vecinos y vendedores sobre el uso del espacio público en este lugar.
En su lugar, se remite a canales generales: formularios web de Idecesar, presentación de derechos de petición o atención presencial en oficinas de la entidad, incluida la Oficina de Emprendimiento. Es decir, no hay todavía un espacio institucionalizado de diálogo específico para este parque, a pesar del creciente número de usuarios, negocios recreativos y tensiones reportadas sobre las zonas verdes y el uso del suelo.
Lo que queda pendiente
Aunque la respuesta de Idecesar aclara que no existe un cobro formal por usar las zonas verdes y que los 4,9 millones mensuales recaudados se concentran en 14 emprendimientos recreativos identificados con carné, persisten interrogantes sobre la forma en que se controla a los vendedores ambulantes no autorizados y se previenen presuntos cobros de facto a familias y visitantes.
También continúa abierta la discusión sobre la necesidad de crear un comité o mesa de concertación específica para el Parque de la Vida, donde comunidad, autoridades y emprendedores discutan reglas claras de convivencia, ocupación y aprovechamiento económico, antes de que la presión sobre el espacio derive en conflictos mayores.
