El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar mil ciento veintiséis millones de pesos, al declarar responsables al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional por haber fallado en su deber de protección, vigilancia y cuidado de los habitantes de una zona que se encontraba sitiada por grupos paramilitares, lo que produjo el desplazamiento forzado de 280 familias en el sur del Cesar.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 14 de febrero de 1996, cuando aproximadamente 40 paramilitares, acompañados del administrador de la hacienda Bellacruz, se presentaron en cada una de las parcelas y amenazaron a sus ocupantes, dándoles un plazo de cinco días para desalojar el lugar, cuya situación generó el éxodo de estas familias, que se vieron obligadas a abandonar sus casas y
lugares de trabajo. La Hacienda Bellacruz era propiedad en ese momento del ex ministro y político cesarense Carlos Arturo Marulanda.
Para el alto tribunal, resultó evidente que tanto el Ejército como la Policía Nacional no adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar, pese a que fue puesto en su conocimiento tal situación.
El fallo advierte que “según el oficio remitido al proceso por el Ministerio de Defensa, el Ejército y Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera tal que a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva”
Esos grupos de familias habían llegado en 1989 pacíficamente a ocupar varios lotes de terreno de la hacienda Bellacruz, en el municipio de La Gloria y Pelaya, Cesar. Allí se crearon varias veredas que fueron reconocidas por la Secretaría de Gobierno y se explotaron económicamente por los demandantes.
En la mencionada anualidad fue instalado un puesto militar al interior de la hacienda, para defender los intereses de los propietarios, sin embargo, las autoridades militares cometieron innumerables abusos en contra de los poseedores.
Finalmente, la corporación judicial le hace un fuerte llamado atención al Estado indicando que “la magnitud del ataque, en consideración, además, al número de familias desplazadas y la gravedad de los delitos cometidos, así como también al número de los integrantes de la organización delincuencial, ameritaba medidas estatales serias, que de manera contundente y eficaz hubieren impedido o confrontado la incursión paramilitar en la región”.
