El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la prórroga del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, asegurando la continuidad de la supervisión internacional en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Esta extensión había sido un trámite unánime hasta que la representación de Estados Unidos, a través de Michael Waltz, cuestionó la política de paz del actual gobierno de Gustavo Petro.
El organismo celebra los progresos alcanzados, pero reconoce a la vez los desafíos persistentes, incluyendo la violencia continua en las regiones afectadas por el conflicto armado y la insurgencia de grupos armados ilegales que afectan la seguridad rural y urbana.
Situación de la implementación del acuerdo en Cesar y La Guajira
En los departamentos del Cesar y La Guajira, regiones claves porque fueron escenario de las primeras sentencias de la JEP, la Misión de Verificación ha reportado avances significativos y también retos considerables. En Cesar, la implementación de la reforma rural integral ha progresado con la formalización y adjudicación de tierras a campesinos y comunidades étnicas, un componente esencial para la estabilidad y desarrollo rural sostenible. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y la insuficiente coordinación institucional persisten como obstáculos importantes.
Hasta abril de 2024 se había alcanzado la adjudicación formal de aproximadamente 28.000 hectáreas de tierra, lo que representa cerca del 50% del objetivo de formalización fijado en el Acuerdo de Paz para la región. Además, se reportaron avances en la entrega de tierras a campesinos y comunidades étnicas, con un énfasis especial en la atención a mujeres rurales, que han recibido un 10% de las tierras adjudicadas durante este periodo. Sin embargo, se crea la necesidad de una mejor coordinación interinstitucional para consolidar la reforma rural integral en Cesar.
En particular, hasta agosto de 2025 en el Cesar, se aprobaron 6.099 proyectos productivos en los que participa más del 90% de los excombatientes, con una significativa inclusión de mujeres que representan a 2.874 beneficiarias. Estos proyectos incluyen actividades agropecuarias y cooperativas para sostener la reincorporación socioeconómica en municipios y veredas de ambos departamentos.
Por su parte, en La Guajira, la violencia entre grupos armados ilegales continúa afectando la seguridad y la cohesión social, impactando gravemente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En esta región, la disputa territorial y la actividad criminal vinculada a economías ilegales siguen siendo factores que socavan la implementación efectiva del Acuerdo, generando desplazamientos y limitando el acceso a servicios básicos.
Retos de seguridad y justicia transicional
El informe de la Misión resalta la necesidad urgente de fortalecer las garantías de seguridad, especialmente para excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan constantes amenazas y ataques. La reciente emisión de las primeras sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz marca un avance crucial en la justicia transicional, aunque la implementación efectiva de estas medidas requiere mayor compromiso institucional y recursos adecuados.
La Misión enfatiza la importancia de un enfoque integral que combine consolidación de la paz, seguridad y desarrollo socioeconómico para lograr una paz duradera en Colombia. Destaca también la función esencial de la comunidad internacional y del propio gobierno colombiano para mantener y acelerar la implementación del Acuerdo Final, atendiendo las necesidades de las poblaciones afectadas, especialmente en territorios vulnerables como el Cesar y La Guajira.
La Paz Total bajo vigilancia internacional
“El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional”, expresó el Secretario General de la ONU en su informe.
Por su parte, el representante estadounidense Michael Waltz expresó que “la política de paz bajo el gobierno de Gustavo Petro debe ser examinada para asegurar que realmente contribuya a la estabilidad y seguridad del país”.
La Misión de Verificación concluye que “es urgente que todas las instituciones del Estado refuercen la coordinación y adopten medidas concretas para que la paz no retroceda, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia”.
