La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, enfrenta actualmente un escenario de confrontación interna derivado de las proyecciones financieras para el año 2026.
El núcleo del conflicto reside en que, mientras los trabajadores exigen el cumplimiento de los beneficios extralegales de la convención colectiva a partir de enero de 2026, la administración advierte que el costo de estos compromisos pondría en riesgo la estabilidad financiera de la entidad.
De acuerdo con las cifras proyectadas en el documento, el presupuesto total para gastos de personal en 2026 ascendería a 43.881 millones de pesos. Este monto incluye un incremento notable en el rubro de sueldos de personal, que pasaría de 11.171 millones de pesos en 2025 a 16.200 millones de pesos en la siguiente vigencia.
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Esta variación del 45 por ciento responde a la reactivación de las condiciones salariales y prestacionales que fueron congeladas hace dos años para evitar que la Superintendencia de Servicios Públicos liquidara la empresa.
Los beneficios que generan división
Para la gerencia actual, en cabeza del agente especial de Emdupar, Eduardo Andrés Mesa Buitrago, la empresa no está en capacidad de asumir esos beneficios y sostiene que, de aplicarse tal como está, la entidad entraría en un estado de quiebra técnica.
Por ejemplo, el informe detalla que si se reactiva el Fondo de Vivienda a las condiciones anteriores, pasaría de 624 millones a 1.313 millones de pesos. En una línea similar, las primas extralegales de navidad y vacaciones, que actualmente suman una asignación de 1.636 millones de pesos, ascenderían a 2.570 millones de pesos en la vigencia de 2026. También aumentarían la prima de antigüedad, el aporte al Sena, los viáticos, entre otros.
La organización sindical sostiene que los beneficios que la gerencia cuestiona son derechos adquiridos y que el personal ya cumplió con un periodo de sacrificio al aceptar la suspensión de estos pagos durante los últimos años. Para el sector sindical, la responsabilidad de buscar ingresos adicionales recae en la gestión administrativa y no en un nuevo recorte de los derechos de los empleados.
En diciembre, el agente especial presentó la denuncia de las convenciones colectivas suscritas entre la empresa y los sindicatos Simtraemdes y Utisa, para abrir una nueva discusión sobre los beneficios pactados.
De no mediar denuncia, el acuerdo se habría prorrogado automáticamente por seis meses, hasta junio de 2026 sin posibilidad de negociar. La gerencia busca que no revivan todos los beneficios extralegales.
