La Contraloría General de la República confirmó que los desplazamientos aéreos de la joven vallenata Juliana Guerrero en aeronaves de la Policía Nacional con destino al Cesar, cuando era secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, superaron los $200 millones y ordenó al Ministerio del Interior presentar un plan de mejoramiento.
Según el oficio del ente de control, los vuelos fueron realizados para asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde Guerrero se desempeña como delegada del presidente Gustavo Petro, actividades que “no guardaban relación con la misión institucional del Ministerio”.
Hallazgo fiscal y plan de mejoramiento
El documento fue enviado a la Secretaría General del Ministerio del Interior, donde la Contraloría informó que, tras evaluar la documentación del caso, “se detectó un hallazgo con connotación fiscal, por lo que la entidad deberá suscribir y presentar el respectivo plan de mejoramiento dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación”.
El acto administrativo precisa que el hallazgo se deriva del Convenio 400-2025, suscrito entre la Policía Nacional, el Mininterior y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., mediante el cual se autorizaron vuelos en avión y helicóptero para los días 19 y 20 de junio de 2025, en las rutas Bogotá–Valledupar–Aguachica–Valledupar.
La Contraloría enfatizó que la autorización y ejecución de estos vuelos, “con destino y propósito no vinculados a la gestión ministerial”, configuraron “una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, cuando una mengua en los recursos públicos asignados al convenio, por valor de $213.548.069,50”.
El organismo pidió evaluar la pertinencia de iniciar investigación disciplinaria frente a los funcionarios que participaron en la gestión y aprobación de los desplazamientos, al considerar que la conducta podría haber generado daño patrimonial al Estado.
Misionalidad del cargo y marco jurídico
En el marco normativo citado, se recuerda que la Ley 610 de 2000 define la gestión fiscal como el manejo de recursos públicos orientado al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y que dicha gestión debe ceñirse a principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y valoración de los costos ambientales.
Asimismo, el ente de control trae a colación el Decreto 403 de 2020, que desarrolla los principios de vigilancia y control fiscal y define el daño patrimonial al Estado como la “lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos”.
En ese contexto, advierte que cuando la gestión fiscal es “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna”, y no se aplica al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, puede configurarse responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que intervengan “con dolo o culpa grave” en la producción del daño.
Impacto en Valledupar y la UPC
En Valledupar, el caso ha generado preocupación entre estudiantes y sectores académicos que cuestionan la representación de Guerrero, quien emprendió una carrera para ser viceministra de Juventud y en el camino ha sido anulado su título universitario por incumplimiento de requisitos legales.
Guerrero ha dicho en la prensa nacional que ella estaba cumpliendo una actividad en el marco de sus funciones en medio de una agenda de paz total. “El señor ministro (Armando Benedetti) me delegó, eso era lo que yo estaba haciendo”, dijo en Blu Radio.
Por Redacción EL PILÓN.
