Este martes, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero, entregó su versión frente a las afirmaciones hechas el lunes por el director de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien mencionó presuntas irregularidades en la institución.
Romero señaló que las declaraciones de Idárraga se basan en denuncias e informaciones que, según dijo, contienen imprecisiones que afectan la imagen de la universidad. “Nuestras actuaciones están a la luz pública y, si hay investigaciones que deban hacerse, no pondremos ninguna limitación”, aseguró.
En cuanto a los cuestionamientos sobre contratación, dijo que las universidades estatales no se rigen por la Ley 80 de 1993, sino por el régimen de derecho privado establecido en sus propios estatutos. Indicó que, en 2024, el Consejo Superior actualizó el reglamento de contratación mediante el Acuerdo 021 y que todos los contratos se publican en la página web institucional y en el SECOP.
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Frente a la mención de un presunto sobrecosto en la compra de equipos tecnológicos, dijo que no se especificó el contrato ni el año, por lo que no puede referirse de forma puntual. Añadió que la administración cuenta con un equipo que compara precios con el mercado y que revisará el caso si se recibe información concreta.
Sobre la construcción del bloque J, precisó que la UPC no ha contratado estudios ni diseños y que el Ministerio de Educación, a través de Findeter, adelanta el proceso. Respecto a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico, aclaró que se trata de una dependencia institucional autosostenible y que el director actual, su hermano Emilio Romero, trabaja allí desde hace más de 23 años, antes de su llegada a la rectoría.
En relación con el contrato para el centro biomédico del programa de Educación Física, afirmó que fue ejecutado en su totalidad, recibido a satisfacción y que el centro está en funcionamiento. Sobre presuntos nombramientos sin cumplir requisitos, aseguró que existe un procedimiento interno para verificarlos y que no se ha vinculado a nadie sin el perfil exigido.
Por último, frente a la posibilidad de intervención de la universidad, dijo que no se cumplen las causales establecidas por la ley y que el Ministerio de Educación ha verificado el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
