La Superintendencia de Industria y Comercio inició formalmente una investigación contra Movistar tras recibir denuncias de usuarios a los que se les cobró por equipos repetidores de señal WiFi sin su autorización.
De acuerdo con la entidad, la empresa de telecomunicaciones habría facturado estos aparatos, identificados bajo el nombre “Baseport“, entre agosto de 2020 y mayo de 2024, sin contar con el consentimiento previo de sus clientes.
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Esta situación llevó a la formulación de cargos mediante resolución, ya que la conducta de la empresa limitaría el derecho de los consumidores a elegir libremente los equipos para acceder a sus servicios de internet.
Además, la imposición de estos pagos se considera una vulneración al derecho de recibir información y conocer las tarifas reales de los servicios contratados. Varios usuarios se encontraron con cobros en sus facturas porque el contrato único de prestación de servicios no reflejaba estas modificaciones ni garantizaba el acceso a su contenido actualizado.
Actualmente, el proceso otorga a la empresa un plazo legal de 15 días para ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a los hechos. En caso de que se comprueben estas irregularidades al finalizar la investigación, Movistar se enfrenta a sanciones que podrían alcanzar los 15.000 salarios mínimos legales mensuales por cada infracción cometida contra los consumidores.
