Con la ponencia del concejal Leo Mestre, el Concejo de Valledupar aprobó el presupuesto general del municipio para 2026 por $1,6 billones, lo que representa un crecimiento del 12,74 % frente al presente año. Aunque la cifra supone más recursos para la ciudad, no todo ese dinero es de libre uso para la Alcaldía, porque una parte importante está destinada por ley a sectores específicos como educación y salud.
La ponencia del segundo debate detalla que el presupuesto descansa casi por completo en los ingresos corrientes, calculados en $1,5 billones para 2026, equivalentes al 95,17 % del total. Los ingresos de capital apenas representan el 4,41 % y los recursos de los establecimientos públicos el 0,43 %, lo que confirma la alta dependencia de rentas tributarias y transferencias externas.
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Transferencias y fondos especiales, el corazón del presupuesto
Dentro de los ingresos, las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) tienen un peso decisivo: equivalen al 45,24 % del presupuesto y financian, entre otros rubros, la planta de personal docente del municipio y el régimen subsidiado de salud. A estos recursos se suman los del ADRES, que alcanzan $334.981 millones, y las transferencias departamentales para salud por $14.320 millones.
En conjunto, los fondos especiales que administran esta plata de destinación específica suman $1.041.945 millones, es decir, casi el 65 % del presupuesto municipal. Esto significa que más de la mitad de los recursos ya llega “marcada” para usos determinados, lo que reduce el margen de decisión de la administración local sobre nuevas prioridades.
Del lado de los impuestos que pagan los ciudadanos, el documento resalta un fuerte ajuste en el impuesto predial. Para 2026 se proyecta un recaudo de $86.494 millones, un aumento del 41,4% frente al presente año. Por esta razón, la Alcaldía deberá reforzar las estrategias de recaudo, promover la cultura de pago y fortalecer el cobro persuasivo y coactivo para evitar que la cartera en mora prescriba.
El impuesto de industria y comercio (ICA) también registra un crecimiento: se espera que llegue a $136.627 millones en 2026, es decir, $26.141 millones más que lo proyectado para 2025. La sobretasa a la gasolina se estima en $16.519 millones y las estampillas Pro Anciano, Procultura y Prouniversidad en $26.078 millones, dirigidas principalmente a población vulnerable, sector cultural y educación superior.
Otra fuente que impacta directamente el bolsillo de la ciudadanía son los ingresos por Tránsito y Transporte. Para el próximo año se calculan $8.425 millones por derechos de tránsito y $13.132 millones por multas, con un crecimiento del 26,3 %. En paralelo, la renta del alumbrado público se proyecta en $59.729 millones; sin embargo, la ponencia recuerda que estos recursos no ingresan a la caja municipal porque el servicio está concesionado.
Poco margen de maniobra para la Alcaldía
El resumen de ingresos indica que, de los $1.6 billones proyectados, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), la porción que la administración puede destinar a inversión con total autonomía, ascienden a $263.118 millones. Con esos recursos el gobierno local cubre buena parte de su funcionamiento y aporta contrapartidas a proyectos de inversión.
En el capítulo de gastos también hay variaciones. Los gastos de funcionamiento pasaron de $122.992 millones a $143.037 millones, un aumento del 16,3 %. El servicio de la deuda crece en $6.554 millones y representa el 2,12 % de los gastos previstos para 2026. El resto se orienta principalmente a inversión, en su mayoría social, financiada con las transferencias y recursos condicionados que ya vienen definidos por la normatividad vigente.
