En América Latina, el reciente giro político hacia la derecha no puede comprenderse únicamente como una conversión ideológica colectiva. Es más bien una volatilidad adaptativa del electorado. Sería un error —y una simplificación peligrosa— leer este fenómeno como una adhesión doctrinaria al liberalismo, al conservadurismo o al libre mercado. Tampoco debe observarse bajo una lógica maniquea de buenos y malos, donde los malos son quienes piensan y eligen diferente. Lo que está ocurriendo es otra cosa: la derecha emerge como promesa de orden en sociedades agotadas, no como un proyecto moral ampliamente compartido.
El voto que impulsa a la derecha no nace del entusiasmo, sino del hartazgo y la fatiga democrática. Hartazgo frente al caos económico persistente, la inflación crónica, la inseguridad cotidiana, la corrupción estructural y el colapso de instituciones que ya no median conflictos ni garantizan expectativas mínimas de futuro. La elección de Javier Milei en Argentina (2023) o el ascenso de Nayib Bukele en El Salvador ilustran este fenómeno: ciudadanos que, agotados por la violencia descontrolada o la crisis económica prolongada, apuestan por figuras que prometen ruptura radical con el sistema previo. En este contexto, la derecha se presenta menos como ideología y más como gestora del cansancio social.
La fatiga democrática en América Latina es un fenómeno complejo que trasciende el simple desencanto electoral. Se trata de un agotamiento profundo frente a instituciones que no cumplen sus promesas básicas: ni protección social, ni movilidad económica, ni justicia efectiva. Décadas de alternancia política sin transformaciones sustanciales han generado un escepticismo corrosivo respecto al valor mismo de la democracia como sistema.
Para amplios sectores de la población, votar se ha convertido en un acto más simbólico que esperanzador: una rutina despojada de expectativa real de cambio. Esta fatiga no es apatía, sino decepción acumulada, memoria de promesas rotas, hartazgo frente a élites que se suceden sin alterar las condiciones materiales de vida. Colombia, por ejemplo, eligió en 2022 a Gustavo Petro como primera alternativa de izquierda tras décadas de gobiernos tradicionales. Sin embargo, apenas dos años después, las encuestas reflejan niveles de desaprobación que demuestran que el desencanto no discrimina colores políticos. En ese vacío de legitimidad prosperan tanto el autoritarismo como el populismo —volatilidad adaptativa política—, ambos prometiendo atajos (acortismos) frente a la lentitud y complejidad de la construcción democrática.
Sin embargo, aquí surge una tensión ética e histórica fundamental: ¿qué ocurre cuando el orden se construye olvidando a los más necesitados? América Latina tiene una larga memoria de proyectos políticos que, en nombre de la estabilidad, sacrificaron a las mayorías vulnerables. Las dictaduras militares del Cono Sur en los años 70 y 80, que implementaron políticas neoliberales bajo regímenes autoritarios, dejaron profundas heridas sociales que aún resuenan.
Cuando las políticas públicas abandonan a los sectores empobrecidos —ya sea por dogmatismo fiscal, tecnocracia insensible o desprecio simbólico solapado— se abre el terreno perfecto para el retorno de discursos populistas que prometen redención, protección y pertenencia bajo la bandera de la justicia social y otros constructos atractivos para los más desfavorecidos.
Uno de los desafíos más delicados que enfrentan los nuevos actores políticos de derecha es la reconfiguración de la relación entre el Estado y la ciudadanía en sociedades habituadas a una economía política del clientelismo. Durante décadas, amplios sectores de la población han sido socializados en sistemas donde las ayudas sociales no se perciben como derechos universales sino como favores políticos, donde los subsidios operan como mecanismos de lealtad electoral y donde la adhesión partidaria se premia con beneficios materiales directos. El kirchnerismo en Argentina o el chavismo en Venezuela institucionalizaron esta lógica hasta convertirla en columna vertebral de sus proyectos políticos.
Desmontar esta lógica sin generar resentimiento masivo requiere algo más que ajustes fiscales: exige una pedagogía cívica que distinga entre asistencialismo y política social seria, entre clientelismo y protección universal. Si los nuevos gobiernos se limitan a retirar beneficios sin construir alternativas reales de autonomía económica y dignidad ciudadana, no estarán reeducando: estarán alimentando el ciclo del resentimiento que ellos mismos denuncian. La verdadera transformación pasa por enseñar —mediante políticas concretas, no solo discursos— que el bienestar no se mendiga, se construye; y que la ciudadanía no se compra, se ejerce. El verdadero desafío es apartarse de la lógica de la ‘Fiesta en lo del Dr. Hermes’.
Los sectores más excluidos no son ingenuos; son estructuralmente desprotegidos. En contextos de precariedad material y educativa, el populismo no opera como engaño burdo, sino como relato de sentido. Allí donde el Estado se retira sin ofrecer alternativas reales de movilidad social, la aparición de organizaciones paraestatales y la manipulación ideológica encuentra terreno fértil, y la polarización se convierte en identidad. Brasil bajo Bolsonaro experimentó una polarización extrema donde el voto dejó de ser elección de proyecto para convertirse en afirmación identitaria casi religiosa.
Por eso, cualquier proyecto de derecha que aspire a algo más que una victoria coyuntural debe aprender de la historia latinoamericana: olvidar a los más necesitados no solo es injusto, es estratégicamente suicida. El orden que excluye engendra resentimiento; y el resentimiento, tarde o temprano, se transforma en revancha política, y la revancha política da a luz a conformismos frente a ideologías y perversos sistemas autoritarios democráticos. Incluso grandes sectores de la sociedad pueden terminar simpatizando por sistemas políticos no democráticos.
La educación como fundamento de un orden sostenible
Aquí entra en juego un factor decisivo y frecuentemente subestimado: la educación. No como consigna retórica de campaña electoral, sino como política estructural de mediano y largo plazo que requiere visión de Estado y continuidad institucional. Desde la primera infancia —donde se forman las bases cognitivas, emocionales y éticas que determinarán la capacidad futura de pensamiento crítico— hasta la adultez en las instituciones de educación superior, la educación cumple una función civilizatoria esencial: dotar a los ciudadanos de herramientas para no caer presa de discursos simplistas, emocionales y polarizantes.
Chile ofrece un caso paradigmático: tras las protestas de 2019 y el proceso constituyente posterior, quedó en evidencia que décadas de un sistema educativo mercantilizado habían generado no solo desigualdad económica, sino también fragmentación en los imaginarios colectivos y déficit en la capacidad de diálogo democrático. La educación pública de calidad no es solo un servicio: es el espacio donde sociedades diversas aprenden a coexistir.
Esto es especialmente urgente en un entorno maleable por la hipersensibilidad de las redes sociales y sus actores invisibles: granjas de bots, algoritmos diseñados para amplificar la indignación, e influencers prepagos que operan como agentes de desinformación masiva. México, durante las elecciones de 2024, enfrentó oleadas coordinadas de fake news que circulaban más rápido que cualquier verificación periodística, demostrando que, sin alfabetización digital y pensamiento crítico, las democracias quedan vulnerables a la manipulación tecnológica.
Una política educativa robusta debe incluir: inversión sostenida en primera infancia, con programas universales de estimulación temprana, nutrición y desarrollo cognitivo que rompan el ciclo de pobreza desde la raíz.
También, formación en pensamiento crítico y alfabetización mediática: desde la educación básica, enseñar a evaluar fuentes, identificar sesgos, distinguir hechos de opiniones y reconocer técnicas de manipulación emocional.
Igualmente, educación cívica renovada: no memorización de constituciones, sino comprensión práctica de cómo funcionan las instituciones, los derechos y las responsabilidades ciudadanas. Casos como el de Costa Rica, con su larga tradición democrática sostenida por una cultura cívica arraigada, demuestran el valor de esta formación.
Y, además, fortalecimiento de la educación pública: sin un sistema público robusto que garantice calidad independientemente del nivel socioeconómico, la educación reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.
Finalmente, formación docente de excelencia: los maestros son los agentes de transformación cultural más poderosos. Uruguay ha invertido consistentemente en la profesionalización y dignificación de la carrera docente, manteniendo indicadores educativos superiores al promedio regional.
Una sociedad educada no es aquella que piensa igual, sino aquella capaz de disentir sin destruirse. Educación es entender la diferencia como divergencia de argumentos, no como odio a la persona. Es aprender que quien piensa distinto no es un enemigo a destruir, sino un interlocutor con quien construir acuerdos mínimos de convivencia. Sin inversión sostenida en educación pública de calidad, pensamiento crítico, formación cívica y ética democrática, ningún giro político —ni de derecha ni de izquierda— será estable. Solo será un péndulo más en la larga historia del desencanto latinoamericano.
La verdadera pregunta, entonces, no es si la derecha traerá orden, sino qué tipo de orden: uno sostenido por la exclusión y el castigo, o uno construido desde la sensatez histórica, la inclusión responsable y la educación como antídoto contra la manipulación. La historia latinoamericana sugiere que solo el segundo camino —aunque más lento y complejo— puede romper el ciclo del resentimiento y construir estabilidad duradera. El primero solo garantiza que el péndulo siga oscilando, condenando a nuevas generaciones a repetir los errores del pasado.
Por: Erlin David Carpio Vega
