La crisis que atraviesa el programa Jóvenes en Paz en Valledupar y en el resto del país ha escalado en las últimas semanas, poniendo en riesgo la continuidad de una de las apuestas sociales más ambiciosas del Gobierno nacional. El convenio, con un valor total de $175 mil millones, ha permitido vincular a más de 28.000 jóvenes en 73 municipios, pero hoy enfrenta retrasos en pagos, señalamientos de “incumplimientos” contractuales y una creciente incertidumbre entre trabajadores y beneficiarios.

Pagos atrasados y manifestaciones en Valledupar

En Valledupar, donde el programa beneficia a 1.704 jóvenes, la tensión creció tras la manifestación del viernes pasado, en la que tanto beneficiarios como trabajadores exigieron la continuidad del programa y el pago de dos meses de salarios atrasados. Jorge Bustos, enlace regional Caribe del programa, explicó que la situación afecta principalmente al grupo de talento humano, contratado por la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), no directamente por el Ministerio de Igualdad y Equidad.

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“Se les está debiendo dos meses de salario… No es por medio del ministerio directamente”, aclaró Bustos, quien también subrayó el impacto social del programa en zonas donde el Estado nunca había llegado. “El programa lo que busca es arrebatarle a esos jóvenes a la violencia, a los grupos armados y narcotraficantes presentes en la ciudad y en las zonas rurales”, enfatizó.

Señalamientos y disputa contractual

El origen de la crisis se remonta a los señalamientos del viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, quien acusó a la UTTYP de posibles “incumplimientos” en el convenio. Esto llevó al Ministerio a frenar los pagos y a iniciar un trámite de declaratoria de presunto incumplimiento del Convenio 062, lo que ha paralizado el flujo de recursos y ha dejado a los trabajadores sin salario en abril y mayo.

La UTTYP, conformada por la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y Proclade, respondió solicitando acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para el cierre del convenio. En un documento dirigido al procurador Gregorio Eljach, la organización denunció “descuentos indebidos” por $890 millones en el segundo desembolso, que no han sido integrados por la fiduciaria y que afectaron el flujo de caja del proyecto. Además, advirtió que sin la aprobación del tercer desembolso, los recursos actuales “resultan insuficientes para cubrir las obligaciones” contractuales, especialmente el pago de salarios y proveedores.

Impacto en beneficiarios y trabajadores

La crisis no solo afecta a los trabajadores, sino también a los más de 28.000 jóvenes beneficiarios en todo el país, quienes ven amenazada la continuidad de sus procesos formativos y de emprendimiento. El Ministerio de Igualdad reconoció en una declaración conjunta con los sindicatos SINDIPAZ y SINTRA JENPAZ que “el no pago de la nómina nacional… afecta de manera estructural el funcionamiento del programa, pero también la integridad de las y los trabajadores que encuentran en este trabajo la posibilidad económica y de sustento propio y de sus familias”.

Esta situación ha llevado a la creación de sindicatos y a la realización de manifestaciones pacíficas en Valledupar. “Los trabajadores armaron, crearon un sindicato, dos sindicatos hay. Pero es a la UT, no es al ministerio, porque es la UT quien los contrata”, indicó Bustos. 

Transición y garantías de continuidad

Ante la crisis, el Ministerio anunció el inicio de una fase de transición hacia un nuevo modelo de operación, con el compromiso de garantizar la atención a los jóvenes vinculados y de diseñar una estrategia de atención transitoria con enfoque territorial y diferencial. El objetivo es asegurar una transición fluida y sin interrupciones, mientras se resuelven los problemas contractuales y se garantiza el pago de las deudas pendientes.

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El Ministerio también se comprometió a ser veedor para evitar la repetición de vulneraciones a los derechos laborales y a mantener el diálogo con las juventudes beneficiarias. “Garantizar la continuidad del programa es una prioridad conjunta, tanto de las y los trabajadores, así como del Gobierno del cambio”, señala la declaración política firmada el 23 de mayo.

Por ahora, la incertidumbre persiste. La UTTYP espera respuesta de los entes de control, mientras el Ministerio condiciona el desembolso de nuevos recursos a la subsanación de los informes requeridos y al concepto favorable de la interventoría. En el fondo, miles de jóvenes y trabajadores esperan que la solución llegue antes de que la crisis afecte de manera irreversible sus proyectos. Bustos concluyó que, pese al momento difícil, “el programa no se va a acabar. El mensaje más importante que se quiere dar es que el programa se mantiene”.

Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN