El municipio de Chiriguaná, que durante años fue considerado una de los municipios ricos del Cesar gracias a las regalías del carbón, avanza en un proceso de reestructuración administrativa para intentar salvar sus finanzas.
El alcalde Juan Carlos García confirmó a EL PILÓN que el Concejo Municipal aprobó la liquidación de tres institutos descentralizados y que la administración ya radicó la solicitud ante el Ministerio de Hacienda para acogerse a la Ley 550, conocida como la Ley de Quiebras.
La decisión afecta directamente al Instituto Municipal de Cultura y Turismo (Inscultuchi), el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (Indrechi) y el Fondo de Vivienda de Interés Social (Fonvichir). Según explicó el mandatario, la medida no es caprichosa, sino una respuesta urgente ante un pasivo insostenible.
“Llegó el momento donde revisamos los pasivos y superan las deudas por encima de los 2.000 millones de pesos por instituto. De acuerdo a los recursos que recaudan por estampilla, tendría que contratar el municipio alrededor de 100.000 millones de pesos, olvidando inversiones, simplemente pagando pasivos. Eso no es posible”, señaló García.
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La crisis financiera del municipio tiene sus raíces en administraciones anteriores y en la ejecución de proyectos sin respaldo económico real. Un informe de la Tesorería Municipal revela la gravedad del panorama: Chiriguaná registra 546 obligaciones vencidas con una mora superior a 90 días, lo que representa el 44 % del pasivo corriente, calculado en $82.939 millones. En total, el alcalde estima que la deuda global del ente territorial alcanza los $85.000 millones.
“Inversiones sin fondos”
García dijo que el origen del déficit en estas entidades no obedece a la nómina actual, sino a una mala planificación presupuestal del pasado. “No se debe a los funcionarios, sino a inversiones que se hicieron sin disponibilidad de fondo. Tenían asignaciones presupuestales, pero no fondo en las cajas”, explicó el burgomaestre, quien asumió el cargo tras las elecciones atípicas con el reto de sanear las cuentas.
Con la liquidación en marcha, el jefe de la Oficina Jurídica ha sido designado como agente liquidador. Respecto al futuro laboral de los empleados de estos institutos, que cuentan con entre 5 y 7 funcionarios cada uno, la administración municipal asumirá la carga prestacional. “Estamos pensando en buscar un mecanismo que permita pagarles a los funcionarios su liquidación. Estamos buscando un crédito”, aseguró el alcalde.
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Paralelo a la supresión de los institutos, la administración busca blindar los recursos públicos de los constantes embargos judiciales que han paralizado la gestión. García confirmó que el municipio cumple con los requisitos para ser aceptado en la Ley 550 y que ya se instalaron mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda.
“Los jueces han embargado hasta la fuente. Hay momentos en que algunos recaudos no nos llegan. Hay veces que no hemos podido cancelar la nómina porque los jueces embargan”, puntualizó el mandatario, quien espera que la resolución del Ministerio permita suspender los procesos ejecutivos y organizar el pago de acreencias sin detener el funcionamiento del municipio.
