La representante a la Cámara y actual candidata al Senado, Jennifer Pedraza, instauró una Acción Popular en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, alegando la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
El recurso legal busca que la justicia ordene la revocatoria inmediata del decreto mediante el cual se designó a Juliana Guerrero Jiménez como delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar.
Antecedente del caso
El origen de la controversia se remonta a mediados de 2025, cuando Guerrero Jiménez, quien ya fungía como delegada en la UPC, aspiró al cargo de Viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad. En ese momento, diversas veedurías y la misma congresista Pedraza denunciaron inconsistencias graves en su hoja de vida: en cuestión de quince días, la funcionaria pasó de no registrar estudios superiores finalizados a presentar un título profesional de Contadora Pública otorgado por la Fundación de Educación Superior San José.
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Según la documentación aportada en la demanda, las irregularidades fueron confirmadas por las propias autoridades educativas. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) certificó que Guerrero no había presentado las pruebas de Estado Saber Pro ni Saber TyT, un requisito de ley indispensable para la graduación, y que apenas estaba inscrita para presentarlas en noviembre de 2025, fecha posterior a la obtención de su supuesto diploma.
La situación escaló cuando el secretario General de la Fundación San José, en una diligencia de descargos, admitió haber expedido los títulos irregularmente para facilitar la contratación de la estudiante, asumiendo la responsabilidad por la omisión de los requisitos académicos.
Ante la contundencia de las pruebas, el Consejo Directivo de la Fundación San José decidió, en sesión del 7 de noviembre de 2025, anular los títulos universitarios de Guerrero tras verificar que no existía registro alguno de su actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma institucional.
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A pesar de esta decisión y de la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio de Educación contra la institución educativa, la delegada ha continuado ocupando su silla en el máximo órgano de dirección de la UPC.
“No acataron la petición”
La demanda enfatiza que, previo a acudir a los estrados judiciales, se agotó la vía gubernativa solicitando directamente al jefe de Estado y al ministro Rojas la derogatoria del nombramiento. Sin embargo, la Jefatura de Despacho de la Presidencia respondió negativamente a la petición, argumentando que la designación se realizó bajo facultades constitucionales y discrecionales del presidente, por lo que no accederían al retiro de la funcionaria.
Para la accionante, esta respuesta y la inacción del Gobierno configuran una omisión grave que lesiona la confianza pública y la ética que debe regir en el sector educativo.
Adicionalmente, el recurso legal cuestiona el desempeño de Guerrero al interior del Consejo Superior de la UPC. Según actas oficiales adjuntas al expediente, su participación ha sido calificada como irrelevante, limitándose a asistencias virtuales sin intervenciones sustanciales, retiros tempranos de sesiones prolongadas e inasistencias a reuniones clave, como la presentación del informe de gestión rectoral.
La congresista Pedraza solicitó al juez, como medida cautelar de urgencia, la suspensión provisional de los efectos del decreto de nombramiento para evitar que la funcionaria siga tomando decisiones sobre el futuro de la universidad mientras se emite un fallo de fondo.
