El pueblo indígena wiwa, que habita en los departamentos de La Guajira y Cesar, declaró el estado de emergencia ante la agudización de la violencia y la amenaza de exterminio físico y cultural que enfrentan sus comunidades. La alerta fue emitida a finales de junio a través de un comunicado conjunto de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona (OWYBT), el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización defensora de derechos humanos en Colombia.
Esta situación se enmarca en lo establecido por la Corte Constitucional en el Auto 004, que reconoce la amenaza de desaparición de los pueblos indígenas en Colombia.
Escalada de violencia y presencia de grupos armados
Desde 2024, las comunidades wiwa han sido testigos de un recrudecimiento del conflicto armado en su territorio. Se han reportado enfrentamientos, desapariciones, hostigamientos y desplazamientos forzados, hechos que han sido advertidos mediante alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, entre el 9 y 25 de junio, la violencia se intensificó y expandió, afectando a comunidades como Siminke, Sabana de Juaquina, Marocazo, Rincona, Limoncito, Sabana Grande, Potrerito, Guamaka, La Laguna, Limon Carrizal, La Mukura, Wikumake, Gonawimke, Nulimke, Naranjal, Contadero, Bunkuamake, Korual, Piñon, Pilon y Arimaka, ubicadas en los municipios de San Juan del Cesar, Distrito de Riohacha y Dibulla.
Actualmente, alrededor de dos mil personas de estas comunidades enfrentan el riesgo de un inminente desplazamiento forzado y el confinamiento dentro de sus territorios. Esta situación amenaza la vida, la integridad y la pervivencia cultural de la población wiwa, así como su autonomía y el ejercicio de sus prácticas ancestrales.
Fallas en la respuesta institucional
El pasado 21 de marzo, el ministro de Defensa visitó Atshintujkua para dialogar con las autoridades wiwa y abordar la crisis humanitaria. Se acordó la conformación de una Mesa Técnica de Alto Nivel, integrada por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con reunión prevista para el 27 de marzo de 2024. Sin embargo, la reunión no se concretó, lo que llevó al pueblo wiwa a declararse en Asamblea y Minga permanente para exigir garantías y protección de sus derechos fundamentales.
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La intensificación del conflicto ha restringido la movilidad y la seguridad de las comunidades, afectando gravemente sus usos y costumbres ancestrales, así como la autonomía en la gobernabilidad y el control territorial. La situación exige una respuesta urgente y efectiva del Estado colombiano para salvaguardar la vida y la cultura del pueblo wiwa.
