En el parque del barrio San Martín de Valledupar, donde Saulo José Posada Chacín solía jugar fútbol y compartir con sus amigos, se revive una memoria dolorosa que sobrevive al paso de los años. Saulo es una de las 13 personas a quienes la magistrada Ana Manuela Ochoa denominó “perdidos administrativamente”, víctimas de desaparición forzada por parte del Ejército, específicamente el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, y luego presentadas falsamente como bajas en combate durante el conflicto armado.
Su hermana Alexandra Chacín, en una emotiva entrevista a EL PILÓN frente a la iglesia de San Martín, recuerda con nostalgia y tristeza aquellos tiempos: “Este parque de San Martín era de tierra y piedra, pero aquí veníamos a jugar y a celebrar con la comunidad. Saulo se crió en este barrio; su último día fue jugando aquí, para luego ser interceptado y llevado por miembros del Batallón La Popa”, relató.
Desaparición forzada en el cementerio
La desaparición forzada de Saulo fue seguida por otro acto cruel: su cuerpo, tras ser enterrado, fue sustraído de la tumba y hasta hoy sigue sin ser encontrado. “No sabemos dónde están sus restos, y nadie nos ha dado respuestas claras. La desaparición del cuerpo fue planeada“, denunció Alexandra, que ha enfrentado un largo proceso de búsqueda entre la incertidumbre y el dolor.
Saulo sirvió en el Ejército, pero se retiró. “Él me contaba que ser militar no era fácil, que los maltrataban física y emocionalmente. Después de salir se dedicó a trabajar como taxista, albañil y a ayudar a la familia”, explicó su hermana. Sin embargo, el destino lo alcanzó en manos de sus propios excompañeros.
Durante una audiencia, uno de los señalados, conocido como Naranjo, reconoció la identidad de Saulo, pero la verdad completa sobre su muerte y la desaparición de su cuerpo permanece oculta. Alexandra reclama justicia y verdad para Saulo y todas las víctimas: “Queremos que digan la verdad, que cuenten qué pasó, dónde están los cuerpos. No pedimos cárcel, solo verdad y reparación”.
Silencio e indiferencia
El caso de Saulo refleja el drama de cientos de familias que han sufrido la ausencia de sus seres queridos y la falta de respuestas. Como hermana, ha experimentado una profunda indignación y exigencia de justicia: “Los victimarios reciben beneficios mientras nosotros seguimos en la espera de justicia. Estamos cansados de la burla, de la impunidad”.
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Este caso fue integrado en el macrocaso del Batallón La Popa por la JEP, que ha emitido una sentencia el 18 de septiembre de 2025 contra 12 exmilitares responsables de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la desaparición de personas como Saulo.
La sentencia de la JEP sobre el caso del Batallón La Popa incluye un mandato respecto a la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas. Reconociendo que entre las víctimas hay 13 cuerpos aún no encontrados, la decisión judicial ordena la búsqueda activa y sistemática de estos restos para que las familias puedan recibir reparación y cerrar heridas.
Sentencia y la búsqueda de desaparecidos
La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP especifica que la desaparición de cuerpos fue parte del patrón sistemático de crímenes, planificado para ocultar las ejecuciones ilegales. La sentencia establece que el Estado colombiano, con la cooperación de las autoridades territoriales y la comunidad internacional, debe implementar todas las medidas necesarias para localizar y entregar los restos a sus familiares.
Además, el fallo obliga a continuar con investigaciones para esclarecer responsabilidades y establecer garantías de no repetición.
Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
