En el marco del segundo día de la Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe-Caso 03, realizada el 25 de julio en Valledupar, se puso en foco el modelo de justicia restaurativa y los proyectos TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador) como caminos para responder a la masiva victimización del conflicto armado en la región.
Justicia restaurativa versus justicia punitiva
Mientras la justicia punitiva tradicional se fundamenta en el castigo mediante penas privativas de la libertad, la justicia restaurativa prioriza la reparación del daño, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la reconstrucción del tejido social afectado.
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Harvey Suárez, explicó a EL PILÓN, subrayó que “en la justicia ordinaria, la sanción es carcelaria. En la justicia restaurativa, la sanción se cumple en los territorios a ojos vista de las víctimas a través de proyectos restaurativos que involucran líneas de respuesta histórica a demandas de las víctimas, infraestructura rural y urbana, acción integral contra minas, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, recuperación medioambiental”.
Esta metodología busca no solo esclarecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, sino también reparar moralmente a las víctimas y restituirles la dignidad y la esperanza. Suárez enfatizó que el modelo restaurativo “es mucho más exigente, pero también es mucho más efectivo en términos de cerrar la brecha de impunidad, generar inclusión y romper la desigualdad” y que, a diferencia de la justicia punitiva, “no basta con la condena; la impunidad persiste si no se esclarecen los hechos y no se resarza a las víctimas”.
Las frustraciones de las víctimas y la complejidad de la justicia transicional
El funcionario de la JEP también detalló las tensiones existentes en el proceso: “Estas víctimas, de delitos muy graves que han esperado respuesta del Estado por 15, 20 o 30 años, tienen derecho a esperar mucho de la justicia, y esa expectativa no siempre puede satisfacerse plenamente”. Reconoció que la justicia transicional enfrenta limitaciones temporales y operativas para investigar y juzgar todos los casos y responsables.
“Entendemos claramente que las limitaciones generan frustraciones para las víctimas, y nosotros también las sentimos”, afirmó Suárez. Sin embargo, resaltó cómo el análisis macrocriminal orienta el trabajo hacia patrones que explican múltiples violaciones y permite priorizar casos emblemáticos, esenciales para avanzar con rigor en un escenario donde más de 10 millones de víctimas están registradas en Colombia.
La decisión de los comparecientes por los proyectos TOAR
En contraste con la cárcel tradicional, los comparecientes en esta jurisdicción aceptan cumplir sus sanciones mediante los proyectos TOAR, implicando años de trabajo no remunerado para las comunidades afectadas. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de 2022, el Estado destina más de $2.5 millones por persona privada de la libertad en las cárceles colombianas. Sin embargo, los proyectos TOAR son un compromiso de trabajo tangible y reparador directamente en los territorios.
Ante la pregunta de por qué los comparecientes optan por esta modalidad más exigente, Suárez explicó que “hay una gran diferencia entre cumplir una pena en la sombra de una cárcel y reparar moralmente a las víctimas con una verdad esperada por décadas”. Subrayó que esta alternativa les permite “salvar una deuda moral con las víctimas, con sus familias y con el país”, y que “les da una segunda oportunidad para vivir una vida distinta, cerca de sus familias”, siempre y cuando aporten “a la verdad de manera plena y se comprometan con la reparación directa”.
Proyectos TOAR definidos para la Costa Caribe
Durante la audiencia, se presentaron los 12 comparecientes y sus respectivos proyectos TOAR, que inicialmente contemplaban nueve iniciativas y que luego se articularon en seis grandes proyectos con un enfoque integral de memoria, reparación y reconstrucción social. Estos proyectos fueron diseñados en diálogo riguroso con las víctimas, consejeros comunitarios y resguardos indígenas Kankuamo y Wiwa, todos centrados en cuatro ejes fundamentales: infraestructura comunitaria, procesos de memorialización y reparación simbólica, protección ambiental y emprendimiento productivo e inclusión.
Los principales proyectos incluyen el Centro de Armonización Mildred Montero, ubicado en el corregimiento La Mina, Valledupar (Cesar), dirigido especialmente al pueblo Kankuamo. También está el Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA, que se encuentra en San Juan del Cesar (La Guajira) y está enfocado en el pueblo Wiwa.
Dentro del Plan Integral de Memorialización en la Costa Caribe se contemplan varias iniciativas importantes: el Parque Memorial en Luruaco, denominado “Albeiro Flórez y Édgar Beltrán”, destinado al Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende; la infraestructura memorial en el Batallón La Popa de Valledupar; la creación de infraestructura memorial en las principales ciudades de la Costa Caribe; y la construcción de un mausoleo con 700 osarios ubicado en el Cementerio del Ecce Homo.
Además, se incluye la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero, pensada para el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla. También forman parte de los proyectos las Casas Multipropósito, bajo el lema “sanando memorias, reconstruyendo vidas”, con sedes en Santa Marta (Magdalena) y Valledupar (Cesar). Finalmente, está el fortalecimiento productivo multipropósito llamado “Sembradores de Amor y Paz”, con alcance en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira.
Estos proyectos buscan no solo conmemorar y honrar la memoria de las víctimas sino también mejorar sus condiciones de vida a través de la generación de capacidades y promoción del bienestar territorial.
Garantías jurídicas y derechos de las víctimas en el proceso
Durante la audiencia pública, el compareciente José Jesús Roa Quintero reafirmó su compromiso con la reparación integral, señalando: “Quiero reafirmar mi compromiso a mi aporte a la reparación integral cuando el sistema de la jurisdicción especial de paz lo disponga”. Además, propuso un ambicioso proyecto educativo para evitar la repetición de los hechos: “Propongo crear un departamento de investigación y doctrina donde los casos ya reconocidos sirvan como una lección aprendida, que pueda incluirse en una malla curricular para la capacitación de las fuerzas militares”.
Roa enfatizó su deseo de que “queremos ser los últimos que causamos daño” y que esta formación esté presente “en las escuelas de formación y en todos los niveles del mando”.
Por su parte, la señora Neftalina Romero, en un emotivo testimonio, recordó el sufrimiento causado por la desaparición violenta de su hijo y expresó el profundo dolor y rechazo a las calumnias que se han hecho sobre él: “Quiero que me digan, limpien el nombre de mi hijo, que salga conforme me lo ensuciaron… No era un guerrillero”. Con esperanza, afirmó: “Ya me siento un poco satisfecha que a mi hijo se le está limpiando el nombre. A pesar de mi dolor se está se está viendo un avance porque en el periódico El Pilón y en Radio Guatapuri ya se habla ya se ve un avance de de limpiar su buen nombre”, y solicitó que los proyectos de reparación no queden solo en palabras.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
