EL PILÓN conoció el proyecto por medio del cual la Alcaldía Municipal de Chiriguaná pedirá al Concejo de ese municipio la autorización para iniciar un proceso de reestructuración de pasivos en los términos de la popular Ley 550.
El otrora municipio ‘rico’, por las millonarias regalías que recibía por la explotación de carbón en la región, atraviesa una crisis financiera y administrativa que impide ejecutar inversiones, y que nace por malas administraciones y escándalos de corrupción.
De acuerdo con un informe de la Tesorería Municipal, a corte del 31 de enero de 2025, Chiriguaná registra 546 obligaciones vencidas con mora superior a 90 días, el 44 % del pasivo corriente, calculado en $82.939 millones.
Esta situación cumple el requisito establecido en el artículo 6 de la Ley 550, que permite a una entidad acogerse a un proceso de reestructuración cuando el valor de sus obligaciones vencidas supera el 5 % del pasivo corriente. En el caso de Chiriguaná, la cifra supera ampliamente ese umbral legal.
Un municipio en déficit
A pesar de ser un municipio que recibió más de $30.000 millones en los últimos cuatro años por la producción y explotación de carbón en territorios fronterizos, Chiriguaná enfrenta un déficit de tesorería acumulado de $37.952 millones, integrado por obligaciones vencidas sin respaldo en caja; reservas presupuestales por $11.793 millones; créditos en mora por $1.700 millones; y cuentas por pagar pendientes de cobro que ascienden a $32.000 millones.
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Este panorama, según la Administración Municipal, hace inviable cumplir con los compromisos financieros y operativos mientras no se adopte un mecanismo de salvamento, como lo es la Ley 550.
“Se hace insostenible”
A la crítica situación se suma que el saldo en bancos del municipio es inferior a $1.067 millones, una cifra insuficiente para cubrir los compromisos adquiridos. Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) proyectados para 2025 ascienden a $11.729 millones, pero más del 80 % de esos recursos ya está comprometido en gastos inflexibles de funcionamiento e inversión, lo que deja menos del 20 % disponible para atender el creciente déficit financiero.
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El documento advierte además que esta coyuntura supone riesgos inminentes para la Administración municipal. Uno de ellos es que el dinero en caja resulte insuficiente para cubrir los gastos corrientes, algo que ya ocurrió recientemente, obligando a suspender pagos a contratistas mientras se esperaba el recaudo de ingresos.
Otro riesgo señalado es que el déficit del 2024, cubierto con recursos de la presente vigencia, termine generando un nuevo desbalance al cierre de 2025 y arrastre el mismo problema hacia 2026, sin que se logre una solución estructural al deterioro fiscal del municipio.
Por Deivis Caro- defancaro1392@gmail.com
