Una funcionaria adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura de Valledupar fue separada de su cargo e inhabilitada por diez años para ejercer funciones públicas, tras comprobarse su participación en prácticas irregulares que afectaron la confianza ciudadana en la administración municipal.
La decisión quedó en firme luego de un fallo en segunda instancia, ratificado por el despacho del alcalde, en el que la Oficina de Control Disciplinario Interno concluyó que la servidora incurrió en una falta gravísima al utilizar su posición para obtener beneficios económicos personales.
