Una preocupante situación de orden público están viviendo los habitantes de siete de barrios de Valledupar por el denominado “Muro de Berlín”, un cerramiento que se encuentra construido junto a un área de cesión circundante a las urbanizaciones abiertas Don Miguel y Altos de Don Miguel debido a que se han robado algunas rejas que hacen parte del cerramiento.
El pasado domingo 19 de enero, habitantes de los barrios Villa Yaneth, Campo Romero, Villa Andrés, Campo Florida y Francisco Javier, se percataron en las horas de la mañana que en tres áreas distintas del cerramiento hacían falta unos metros de rejas. De igual manera, los habitantes de Don Miguel y Altos de Don Miguel, que se benefician de este cerramiento porque les brinda “seguridad”.
Lo que es un recurso para algunos de seguridad y bienestar, para los habitantes de los barrios anteriormente mencionados es una estructura que viola su derecho a la libre locomoción, raya en la ilegalidad y los segrega al ser llamados los “delincuentes e invasores que están del otro lado del muro”.
Por estas diferencias, ambas comunidades intercambiaron insultos y graves acusaciones. Los residentes de las dos urbanizaciones aseveran que quienes se robaron las rejas son los habitantes de los barrios vecinos. Mientras que las cinco comunidades niegan esas acusaciones y le exigen a sus vecinos del otro lado del cerramiento que las rejas que han sido desmontadas no se repongan porque la Inspección de Policía Urbana Permanente de Los Fundadores ordenó en primera instancia la demolición del cerramiento.
El robo
Al igual que el día domingo, este lunes 20 de enero, también unas rejas del cerramiento fueron desmontadas. A diferencia de las otras, estas fueron encontradas por los vigilantes de las dos urbanizaciones antes de que fueran hurtadas.
Al respecto, la ciudadana Salena Vanegas, habitante del barrio Villa Yaneth, manifestó que su esposo e hijo fueron los primeros en darse cuenta del segundo desmonte de las rejas del cerramiento. “Esta vez a los muchachos que desmontaron las rejas no les dio tiempo de robarlas y las dejaron tiradas. Los vigilantes de las dos urbanizaciones dicen que los vieron, pero no hicieron nada para detenerlos y eso nosotros no lo entendemos”, dijo Vanegas.
En ese sentido, contó que el pasado domingo, la Policía y el secretario de Gobierno Municipal llegaron hasta el sector en vista del enfrentamiento entre las dos comunidades y para también hacer de mediadores, pero no se llegó a una solución y los habitantes de las dos urbanizaciones repusieron las rejas robadas. “Colocaron las rejas de manera improvisada cuando nosotros les pedimos que no lo hicieran porque ellos no tienen licencia urbanística para eso”.
Sobre el robo, Hugo González, abogado de los barrios circundantes, aseveró que las comunidades no desmontaron el domingo ni el lunes las rejas del cerramiento. “Son personas ajenas a las comunidades que aprovechándose de la situación que hay en torno al muro, desmontaron las rejas para venderlas y deslegitimar a las personas de los cinco barrios demandantes”.
Don Miguel y Altos de Don Miguel
“Intimidados” es como se sienten los habitantes de las urbanizaciones abiertas Don Miguel y Altos de Don Miguel por el robo de las rejas debido a que están “expuestos” a cualquier avivato que quiera aprovechar el hueco en el cerramiento para entrar a las urbanizaciones y amenazar la seguridad de sus habitantes.
Un residente de la urbanización Don Miguel, que prefirió omitir su nombre, aseguró que los habitantes de los barrios circundantes se están robando las rejas para ingresar a las urbanizaciones a robar y consumir sustancias ilícitas en el parque construido para los niños en el área de cesión.
“Se robaron las rejas pasando por encima de la ley porque no han ordenado demoler el muro. Hay un proceso jurídico que no ha finalizado y la Alcaldía de Valledupar tampoco ha dicho que el muro debe demolerse. Este cerramiento no impide el desarrollo urbanístico ni atenta contra el derecho a la libre locomoción de esos barrios como quieren hacer creer”, dijo este vallenato.
Por lo anterior, los abogados de estas urbanizaciones interpusieron un recurso de reposición y en subsidio de apelación y una nulidad en contra del fallo de la inspección. Sin embargo, el recurso de reposición y nulidad les fue negado de plano y se les concedió el recurso de apelación que tiene que “ser resuelto por el alcalde Ernesto Orozco”.
El proceso
En vista del robo y la trifulca que se presentó el pasado domingo, el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez, se reunió con Hugo González, representante legal de los cinco barrios demandantes, en las oficinas de la Alcaldía para dialogar sobre la situación en torno al cerramiento.
En dicha reunión, el funcionario se comprometió a estudiar de manera más detallada los antecedentes del proceso y las circunstancias de ambas partes para que se tome una decisión que preserve el orden público y la convivencia ciudadana.
De acuerdo con el fallo en primera instancia de la Inspección de Policía Urbana Permanente de Los Fundadores, la Constructora Maya y Asociados S.A.S. fue declarada infractora del Nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por haber “incurrido en un comportamiento que afecta la integridad urbanística establecido en el literal A, numeral 3 del Artículo 135 de la Ley 1801 de 2016”.
En ese orden de ideas, la inspección puntualiza que no están permitidos cerramientos en zonas verdes, parques, plazas, vías, equipamiento o parte de los bienes de uso público. Norma que se infringió porque el cerramiento se encuentra sobre un área de cesión del municipio y en casi toda la totalidad del perímetro de la urbanización.
En la diligencia del proceso, el apoderado de la Constructora Maya y Asociados S.A.S. puntualizó que apoyará el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuestos por las dos urbanizaciones “teniendo en cuenta que se reflejan vicios en el proceso porque hay episodios por solucionar dentro del mismo lo que conlleva a un fallo viciado de nulidad”.
A pesar de que la constructora brinda su respaldo a los recursos de los abogados de las dos urbanizaciones, el apoderado precisó que la empresa no realizó el cerramiento y que debe ser el municipio de Valledupar quien “resuelva la situación”.
