La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) impuso una multa de $1.390.498.715 a la empresa ASEOUPAR S.A. E.S.P., operadora del servicio de aseo en Valledupar, por una serie de irregularidades ambientales detectadas en el relleno sanitario Los Corazones.
La decisión se produjo dentro del expediente No. 122-2019, luego de un proceso adelantado por la autoridad ambiental a partir de una queja presentada por interventores de Emdupar. Tras la denuncia, funcionarios de Corpocesar realizaron varias visitas técnicas para verificar las condiciones de operación del sitio de disposición final de residuos.
De acuerdo con los informes recopilados durante las inspecciones, en el relleno sanitario fue identificada un área denominada “Zona C”, donde presuntamente se venían disponiendo diferentes tipos de residuos sin el manejo ambiental requerido. Entre los materiales encontrados figuraban llantas, residuos de poda, material de relleno y otros desechos.
Los técnicos también evidenciaron incumplimientos relacionados con la disposición inadecuada de residuos vegetales, la remoción de cobertura vegetal sin el respectivo control técnico y la ubicación de residuos de construcción y demolición en sectores que no estaban autorizados para esa actividad.
Corpocesar impuso una sanción ambiental a la empresa ASEOUPAR S.A. E.S.P., operadora del servicio de aseo en Valledupar, por irregularidades en el manejo de residuos en el relleno sanitario “Los Corazones”.
— Corpocesar (@Corpocesar) June 2, 2026
Lee la nota completa en https://t.co/1sYKCgs0wN 📌📲 pic.twitter.com/W2bxGJ4UHx
Asimismo, Corpocesar reportó intervenciones en áreas cercanas a las piscinas de lixiviados y actividades vinculadas con aprovechamiento forestal que requerían la verificación de los permisos ambientales correspondientes. Estos hallazgos hicieron parte de las pruebas evaluadas durante el proceso sancionatorio.
Con base en las evidencias recopiladas, la entidad adoptó la medida y aplicó la multa en cumplimiento de la Ley 1333 de 2009. La corporación reiteró el llamado a las empresas prestadoras de servicios públicos para que cumplan estrictamente la normatividad ambiental, mientras que el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de residuos sólidos y el control de infraestructuras ambientales estratégicas en Valledupar.






