En González, sur del Cesar, las familias que huyen de la violencia en el Catatumbo llegan buscando protección y encuentran una Personería casi apagada: sin internet, sin gasolina, sin plata para pagar al equipo y con su personera, Luisa Fernanda Santana, pidiéndoles que esperen o que viajen a otro pueblo porque la Alcaldía lleva casi tres meses sin girarle un peso mientras disputa su cargo en los juzgados.
“Me cortaron el servicio de internet de la Personería, no he podido recibir declaraciones que han llegado desplazados de El Tarra y de Tibú; me ha tocado decirles que no, que no tengo plataforma o que vayan a otro municipio o esperen que de pronto me paguen”, relató la personera Luisa Fernanda Santana Lozano en conversación con EL PILÓN.
“Si se presenta un desplazamiento masivo al municipio, yo no puedo salir a territorio a atender a la comunidad; no tengo herramientas”, agregó, al describir que incluso la impresora de la oficina está dañada y depende de favores del notario para poder imprimir documentos básicos.
Elegida por el Concejo, desconocida por la Alcaldía
Santana fue elegida personera de González por el Concejo Municipal el 13 de mayo de 2025, para el periodo institucional 2024–2028, mediante Acta 031 en la que se registró su elección y posesión ante la plenaria de la corporación. Pese a ello, el 29 de enero de 2026 la alcaldesa encargada, Ingrith Tatiana Santiago Cañizares, expidió el Decreto 012 con el que declaró una supuesta “falta temporal” en el cargo y designó como personero encargado al abogado José Ricardo Lacouture Ortiz, argumentando el cumplimiento de una medida cautelar que suspendió la resolución que convocó el concurso de méritos.
La decisión de la Alcaldía fue rechazada por la propia mesa directiva del Concejo Municipal, que en la Resolución 011 del 2 de febrero de 2026 declaró que no existe falta temporal alguna en la Personería y ratificó a Santana Lozano como titular del cargo, al considerar que la medida judicial solo suspendió la convocatoria (Resolución 113 de 2024), mas no el acto de elección contenido en el acta del 13 de mayo de 2025. En el mismo acto, el Concejo ordenó presentar quejas disciplinarias ante la Procuraduría y denuncias penales ante la Fiscalía por la expedición del Decreto 012 contra la alcaldesa encargada.
Tres meses sin giros: salarios, salud y contratos en el aire
En medio de ese pulso jurídico y político, la administración municipal decidió cerrar la llave del presupuesto. Según la propia personera, la entidad no recibe los giros desde febrero: “La Personería lleva dos meses sin que le hagan los giros y la situación económica e institucional está bastante delicada. Estamos suspendidos en salud, no me pagan, no he podido pagarle a la secretaria ni a los contratistas”, afirmó. En la oficina trabajan una secretaria y cuatro contratistas, dos de ellos con honorarios ya causados y sin posibilidad de ser cancelados por falta de transferencias del municipio.
La Alcaldía de González, en cabeza de la alcaldesa Katherine Mora Rosado —ya en funciones plenas—, respondió por escrito a las solicitudes de giro de la personera. En comunicación del 3 de marzo de 2026, la mandataria alegó que existe una controversia judicial sobre la titularidad del cargo de personero municipal y que, por prudencia administrativa, decidió abstenerse de ordenar el giro de los recursos reclamados, que ascienden a 16.470.710 pesos por el mes de febrero, hasta tanto haya claridad definitiva de un juez sobre quién es la autoridad legítima para ordenar y solicitar transferencias en nombre de la Personería.
La respuesta de la alcaldesa: prudencia administrativa o asfixia institucional
“El municipio no tiene competencia para definir quién ostenta legítimamente la calidad de Personero Municipal cuando existe un proceso judicial en curso”, señaló Mora Rosado, advirtiendo que un pago en medio de esa disputa podría generar detrimento patrimonial y responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales para los funcionarios que autoricen el giro.
En la misma línea, la Secretaría de Hacienda y Tesorería comunicó a Santana que tampoco procederá al desembolso de los recursos, alegando que la administración se encuentra frente a dos actos administrativos “contradictorios”: el Decreto 012, que designa a Lacouture como personero encargado, y la Resolución 011 del Concejo, que la ratifica a ella. La oficina de Hacienda sostuvo que, mientras el Juzgado Primero Administrativo de Aguachica no precise el alcance de la medida cautelar que suspendió la resolución del concurso, la Alcaldía debe acatar la vigencia del decreto que reconoce a Lacouture como personero encargado y que girar recursos bajo la órbita de Santana implicaría desconocer ese acto y la medida judicial.
Denuncias ante Fiscalía, Procuraduría y Defensoría sin eco
La personera, sin embargo, insiste en que la única autoridad que la ha elegido y ratificado es el Concejo Municipal y que no existe ninguna providencia que anule o suspenda su elección. “Nadie me ha suspendido del cargo. Yo me mantengo defendiendo mi acta de posesión, que es lo que me respalda legalmente”, sostuvo. Asegura que ya radicó denuncias en la Fiscalía, la Procuraduría Provincial y la Defensoría del Pueblo por lo que considera una persecución derivada de que ella ganó el concurso de méritos y se ha negado a abandonar la Personería pese a las presiones.
Mientras el choque de poderes se tramita en despachos judiciales y oficinas de control, las consecuencias se sienten en el terreno. Sin internet, sin recursos para desplazarse y sin lo básico para recibir declaraciones, la Personería de González está operando al mínimo justo cuando el municipio comienza a recibir a familias desplazadas de Tibú e Itarra por la intensificación de la violencia en el Catatumbo, un corredor estratégico donde operan grupos armados ilegales. “Con todo esto prácticamente estoy sola; la única opción que me quedó fue acudir a los medios de comunicación”, reconoció Santana, al insistir en que la disputa administrativa está dejando a la población sin protección en uno de los momentos más críticos de la región.
González, puerta de entrada del desplazamiento desde Tibú y El Tarra
La propia personera advierte que, si se presenta un desplazamiento masivo hacia González, no habrá capacidad institucional para responder. “Yo no voy a salir a territorio a atender a la comunidad que de pronto llegue desplazada. No tengo herramientas”, dijo al enumerar la falta de transporte, de viáticos, de equipos y hasta de insumos básicos de oficina para cumplir la misión constitucional de la Personería. Para ella, la combinación de crisis humanitaria y parálisis institucional configura un escenario de alta vulnerabilidad en el que los ciudadanos quedan atrapados entre el fuego cruzado y el silencio de las autoridades.
Ante este panorama, Santana hace un llamado directo a la Gobernación del Cesar para que intervenga y ayude a destrabar el conflicto administrativo que hoy mantiene en jaque a la Personería de González. Pide que, desde la administración departamental, se exija el cumplimiento de las decisiones del Concejo Municipal, se clarifique ante los jueces el alcance de las medidas cautelares y se garantice el flujo de recursos indispensables para el funcionamiento del Ministerio Público local en un contexto de creciente violencia en el Catatumbo.
La personera insiste en que lo que está en juego no es solo su cargo, sino la protección efectiva de los derechos de los habitantes de González, uno de los municipios que se puede convertir en receptor de desplazamiento y escenario de nuevas violencias si el Estado local sigue atado por disputas políticas y jurídicas sin resolución.
