El reciente desalojo de casi 40 familias del antiguo lote del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) en Valledupar, sobre la avenida Salguero, no solo dejó a decenas de personas sin hogar. También puso en el foco de la opinión pública la suerte de cerca de 80 animales —70 perros y 10 gatos— que fueron abandonados en el predio y cuya protección ha sido exigida por la senadora animalista Andrea Padilla Villarraga.
La intervención estatal y los compromisos asumidos
La Alcaldía de Valledupar, a través de sus secretarías General, de Gobierno y de Salud, implementó una estrategia integral para atender la emergencia animal. Según la administración municipal, los animales fueron caracterizados, vacunados y desparasitados, y posteriormente serán trasladados al Centro de Bienestar Animal del municipio.
Sin embargo, la senadora Andrea Padilla, defensora de los derechos animales y promotora de varias leyes en la materia, ha denunciado públicamente la situación crítica de los animales, no solo por el abandono, sino por el riesgo de accidentes y la falta de atención veterinaria adecuada.
En diálogo con Noticias Caracol el 25 de junio, Padilla exigió garantías reales para el bienestar de los animales y detalló los compromisos asumidos en una reciente reunión con las autoridades locales: traslado de los animales al centro de bienestar, atención veterinaria y programas de adopción. “Valledupar, municipio de categoría uno, tiene por ley la obligación de poner a funcionar este albergue público para los animales desamparados”, enfatizó la senadora.
Leyes y políticas de protección animal en Colombia
El caso del lote IDEMA evidencia los retos de la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y exige su protección contra el sufrimiento y el dolor, tipificando como delito el maltrato animal. Además, la reciente Ley ‘Esterilizar Salva’, impulsada por la propia senadora Padilla, establece la esterilización obligatoria de perros y gatos en condición de calle como política de Estado, con financiación nacional para municipios de menor capacidad y obligación total para municipios de categoría uno como Valledupar.
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No obstante, la secretaria de Salud de Valledupar ha señalado las dificultades presupuestales y operativas para cumplir con estas obligaciones. Según la funcionaria, el centro de bienestar animal, aunque construido, no cuenta con los recursos necesarios para operar a plena capacidad, lo que podría convertirlo en un “elefante blanco”. Además, la captura y manejo de los animales requiere experiencia y recursos que el municipio no posee en su totalidad, por lo que la participación de rescatistas y organizaciones animalistas es fundamental.
La secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina Calderón, explicó a EL PILÓN que, para cumplir con el compromiso de recibir a los animales del lote IDEMA, es necesario realizar adecuaciones en el Centro de Bienestar Animal, garantizando que las instalaciones cumplan con las condiciones requeridas para el resguardo y atención médica de los perros y gatos. Medina subrayó que el proceso implica no solo la disposición física del espacio, sino también la gestión de recursos y la coordinación con otras dependencias municipales, ya que el mantenimiento y funcionamiento del centro representan un alto costo para el municipio. Por ello, enfatizó que las acciones deben ejecutarse de manera responsable y planificada, asegurando que los animales reciban atención integral y que el centro pueda operar de forma sostenible en el tiempo.
Un problema nacional y estructural
La situación en Valledupar no es aislada. Según Padilla, solo 25 de los 1.123 municipios del país cuentan con centros de bienestar animal, a pesar de que la ley lo ordena. Además, la reciente prohibición de los vehículos de tracción animal en Colombia —aprobada en 2021 con un plazo de cinco años para su implementación— implica la necesidad de reubicar y proteger a más de 7.000 equinos que aún circulan en el país.
La falta de recursos y de voluntad política ha hecho que, en muchos casos, la responsabilidad recaiga en rescatistas y voluntarios de escasos recursos.
En respuesta, el Congreso tramita actualmente el proyecto de ley para la creación de Centros Regionales de Bienestar Animal, que permitiría a las alcaldías asociarse y construir estos espacios en predios asignados por la Sociedad de Activos Especiales, buscando superar la fragmentación y precariedad de la atención animal en el país.
Seguimiento y retos pendientes
El acuerdo en Valledupar establece la participación de organizaciones defensoras de animales y la supervisión de la Personería y la Procuraduría para garantizar el cumplimiento de los compromisos: traslado, atención veterinaria y adopción. Sin embargo, persisten los desafíos logísticos y presupuestales, y la tensión entre las autoridades locales y los líderes animalistas evidencia la necesidad de mayor articulación y recursos para que la protección animal sea una realidad y no solo una promesa legal.
Por su parte, tanto Medina como el gremio animalista de la ciudad solicitan a los representantes de la Fundación Huellitas Callejeras —quienes también integran el Comité Facilitador de Implementación de las Políticas Públicas de Protección y Bienestar Animal— que asistan a la próxima reunión convocada para el jueves 26 de junio a las 3 de la tarde en la sede de la Secretaría de Salud municipal, para buscar soluciones a la problemática que ellos mismos han venido denunciando.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
