El conflicto armado en Colombia escaló en 2025 con un repunte de violencia que afecta de lleno a comunidades del Caribe colombiano, particularmente en Cesar, La Guajira y Magdalena, según los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Estos documentos revelan patrones estructurales de masacres, asesinatos selectivos contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, así como un creciente reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde el Estado muestra limitada capacidad de protección.
En Cesar, la violencia selectiva cobró tres vidas en el 2025: el líder sindical Walberto Quintero Medina, asesinado el 29 de abril en Valledupar; Iván Darío Issa Nigiris, líder comunal de El Copey, ultimado el 24 de mayo; y Jorge Rangel, servidor público defensor de derechos humanos, ejecutado el 30 de mayo en La Gloria.
Impacto diferenciado en el Caribe
Cesar, La Guajira y Magdalena registran cifras intermedias pero crecientes, que Indepaz interpreta no como menor riesgo, sino como desplazamiento hacia modalidades más sutiles de control. En 2025, Magdalena acumuló cuatro masacres con 12 víctimas, concentradas en municipios como Ciénaga y Sabanas de San Ángel, nodos de economías ilícitas y movilidad. La Guajira vio tres masacres, vinculadas a contrabando y frontera. Cesar reportó una masacre, en un panorama dominado por extorsiones y presencia de estructuras postparamilitares.
En el Caribe, La Guajira registró tres masacres: el 28 de enero en Albania (3 víctimas, evento #9), el 2 de julio en Riohacha (3 víctimas, #36) y el 31 de agosto en Dibulla (4 víctimas, #54); Magdalena acumuló tres más: el 20 de agosto en Sabanas de San Ángel (3 víctimas, #49), el 9 de octubre en Zona Bananera (3 víctimas, #65) y el 15 de noviembre en Ciénaga (3 víctimas, #74); Cesar cerró con una el 20 de diciembre en Río de Oro (3 víctimas, #78). Esta urbanización confirma su rol en gobernanzas armadas sostenidas, con impactos predecibles sobre civiles.
Estos datos posicionan al Caribe como territorio de expansión de gobernanzas ilegales, donde la ausencia de grandes enfrentamientos abiertos no reduce la amenaza cotidiana sobre las comunidades.
Asesinatos de líderes sociales
El país registró 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2025, 14 más que en 2024, equiparándose a los picos electorales de 2022. Cauca lideró con 40 casos, seguido de Antioquia (30) y Valle del Cauca (17), pero el Caribe suma aportes: 3 en Cesar, 4 en La Guajira y 4 en Magdalena.
En La Guajira destacaron los homicidios de Hermes Ricardo Wilchez, líder comunitario asesinado el 28 de marzo en Dibulla; Héctor González Epieyu, líder indígena, el 22 de agosto en Uribia; Elizabeth Mojica Nieves, defensora de víctimas, el 30 de noviembre en Riohacha; y José Miguel Mojica Conchangui, también indígena, el 26 de diciembre en Riohacha.
El liderazgo comunal encabezó las víctimas (46 casos), seguido de comunitario (37) e indígena (29), lo que evidencia ataques sistemáticos contra infraestructuras sociales que disputan el control territorial a los grupos armados. Mujeres lideresas representaron el 14% de las víctimas, un indicador de violencias de género persistentes en contextos de reconfiguración armada.
Firmantes del Acuerdo: reducción frágil y focalizada
Desde 2016, Indepaz contabiliza 477 firmantes asesinados, con descensos desde los 78 casos de 2019, aunque 2025 cerró con 39 víctimas frente a 31 del año anterior. Norte de Santander (7), Antioquia (6), Cauca y Meta (5 cada uno) concentraron los hechos, en municipios rurales de alta conflictividad. El Caribe registra casos en La Paz (Cesar), donde excombatientes vinculados al ETCR Tierra Grata enfrentan riesgos por economías ilícitas y disidencias.
Esta violencia selectiva subraya la fragilidad de las garantías de seguridad, dependientes de dinámicas locales más que de políticas nacionales sostenidas.
Reclutamiento infantil
El informe sobre reclutamiento revela 637 casos en 2024 y 194 hasta noviembre de 2025 (con subregistro del 30-40%), afectando mayoritariamente a niñas/adolescentes (38-41%) e indígenas (43-47%). El Estado Mayor Central lidera (41-47%), seguido del ELN y el Clan del Golfo.
Más allá de la coacción armada, incluye promesas económicas, coacción emocional, redes sociales, patrocinio deportivo y explotación de vulnerabilidades como orientación sexual. Aunque focalizado en Cauca, las lógicas se replican en corredores caribeños de narcotráfico, erosionando el tejido familiar y comunitario bajo control armado.
Lectura estructural del conflicto
Indepaz traza un panorama de violencia estabilizada en niveles altos: repunte de masacres urbanas, 13.726 homicidios intencionales en 2025 (vs. 13.497 en 2024), secuestros extorsivos triplicados (477 casos) y reclutamiento estructural.
El Caribe emerge como laboratorio de estas dinámicas, donde menos masacres coexisten con amenazas permanentes, desarticulación de liderazgos y captura de la niñez. Las cifras no son abstractas: retratan comunidades que resisten en medio de reacomodos armados, ausencias estatales y deudas con el Acuerdo de Paz.
