El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una demanda interpuesta por el exconcejal Ricardo Augusto Vives que busca tumbar la elección del contralor de Valledupar, Juan Francisco Villazón. Esta acción legal se dirige contra el acto administrativo del 23 de enero de 2026, día en que el Concejo Municipal designó a Villazón Tafur en el cargo.
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La controversia jurídica se centra en una presunta violación al artículo 272 de la Constitución Política y al artículo 95 de la Ley 136 de 1994. El documento de la demanda detalla que el funcionario no cumplía con los requisitos legales para participar en la convocatoria pública.
Los argumentos
El demandante sostiene que la norma constitucional prohíbe a quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental desempeñar empleo oficial en el respectivo municipio, o ser inscrito como candidato, sino hasta un año después de haber cesado en sus funciones. Villazón Tafur dejó de ser contralor departamental del Cesar en diciembre de 2025 y se posesionó como contralor municipal en enero de 2026.
Incluso, el demandante argumenta que Villazón Tafur ejerció sus competencias como contralor departamental directamente sobre la jurisdicción local. En concreto, se señala que realizó una auditoría al Área Metropolitana de Valledupar en mayo de 2025.
Además, agrega, la junta directiva de dicha área metropolitana es presidida por el alcalde de Valledupar y cuenta con la participación de un concejal del municipio, “lo que configuraría de forma directa la inhabilidad planteada en la ley”.
Los cuestionamientos al Concejo
El texto de la demanda también dirige responsabilidades hacia la mesa directiva del Concejo Municipal y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entidad operadora del concurso de méritos. Ricardo Vives señala que ambas instancias permitieron la participación del candidato pasando por alto la reglamentación que la misma corporación edilicia había fijado en la Resolución 063 de 2025.
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La acción interpuesta solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acta de elección. El demandante asegura en el documento que mantener al funcionario en su puesto mientras avanza el proceso representa una burla para la ciudadanía y para los demás aspirantes, “pues desdibuja la transparencia e imparcialidad que debía regir la escogencia”.
