La falta de consenso en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) impidió que se firmara a tiempo el convenio con el Gobierno nacional para construir una sede en La Jagua de Ibirico, hecho que generó protestas.
En diálogo con EL PILÓN, Juan Nacimiento, representante de los estudiantes ante el CSU, explicó las razones por las cuales varios consejeros cuestionaron el proyecto.
Hay revuelo, pero quería preguntarle: ¿por qué no se aprobó el convenio para construir la sede de la UPC en La Jagua de Ibirico?
Nunca llegamos al punto de votación. Se hicieron cinco convocatorias para discutirlo, pero desde el inicio el proyecto se manejó con improvisación. En la primera sesión, que fue en La Jagua de Ibirico, nos citaron con solo dos días de anticipación, sin socializar los estudios técnicos ni financieros. No había claridad sobre los recursos ni la viabilidad del proyecto. Iban a llevarnos frente a una comunidad que sueña con su sede, pero sin soportes serios. Por eso seis consejeros no asistimos a esa sesión.
¿Y por qué no votaron en las otras cuatro sesiones?
Tras eso comenzaron los ataques a quienes cuestionamos el proceso. Cuatro consejeros convocamos otra sesión en Valledupar para revisar los documentos, pero ni el rector ni el delegado del Ministerio asistieron. Luego, cuando ellos convocaron nuevamente, se presentaron recusaciones y no se pudo deliberar porque eso implicaba posibles sanciones disciplinarias.
¿Qué cuestionan exactamente del proyecto?
El rector dice que no hubo improvisación, pero nunca presentó un estudio de viabilidad jurídica, técnica ni financiera. No existe un compromiso claro sobre cómo se sostendría la sede, cuánto costaría su funcionamiento o qué programas se ofrecerían. Lo único concreto era la intención de construir unos módulos metálicos por $14.000 millones, sin soporte alguno.
¿Por qué en emisoras y entrevistas ustedes hablan de un posible “elefante blanco”?
Porque sin financiación garantizada la sede sería insostenible. No se explicó cuántos docentes se contratarían, ni el personal de apoyo, ni el número de estudiantes. Además, cambiaron el proyecto inicial: pasaron de una infraestructura sólida de más de $240 mil millones a unos “containers” que no son adecuados para el clima del Caribe. Ni siquiera calcularon los costos de servicios públicos o mantenimiento.
¿Qué pasará ahora con los recursos asignados?
Con la caída del convenio, lo más probable es que los 14.000 millones asignados no se ejecuten bajo esta administración. El Ministerio de Educación podría retomar el proyecto directamente, a través de una licitación, pero ya no con la participación de la UPC.
Por Redacción EL PILÓN
