La Procuraduría Provincial de Valledupar abrió indagación preliminar al alcalde de Manaure, Juan Carlos Aráujo, y al secretario de Tránsito del Municipio de La Paz, Adolfo Cotes González.
La indagación obedece a una queja impetrada por los concejales Luis Carlos Martínez Curvelo y José María Añez Martínez, referente a un derecho de petición que le hicieron al alcalde municipal el cinco de octubre de 2012, respondido el 23 del mismo mes.
Es así como el cinco de octubre los concejales Reinerio Jacome, Dalkys Ballesteros, Luis Carlos Martínez, Liceth Martínez, José María Añez y Juan Sandoval con el ánimo de conocer la realidad administrativa y financiera del Municipio para desarrollar su labor de control político, solicitaron copia de la ejecución presupuestal de enero de 2012 a octubre del mismo año.
Ante esto, el 23 de octubre la administración de Araujo respondió el derecho de petición, negando la entrega de la información con el argumento que no contaban con copiadora y solicitando una orden para mandar a hacer las copias.
Aducen los quejosos que la respuesta fue extemporánea y una burla a los peticionarios, debido a que en un caso como ese, el mandatario municipal tenía la obligación de dar una respuesta oportuna por tratarse de una petición de los concejales.
Ante esta queja, la Procuraduría ordenó abrir la indagación preliminar en contra de Araújo.
La otra indagación corresponde al secretario de Tránsito de La Paz, Adolfo Cotes González, debido a que éste es primo hermano del concejal Abad Cotes Noriega, quien lo inhabilitaría por ser familia en cuarto grado de consanguinidad.
De igual modo, porque Cotes González en su calidad de interventor de un contrato para la digitación llevado por Eladio Peralta, subcontrató al hijo del Secretario de Tránsito, Sebastián Cotes Ospino.
Otra de las quejas que instauró Sergio Santana obedece a que en la Secretaría de Tránsito de La Paz, el sistema lo maneja personal sin contratación, reciben capacitación y el capacitador tampoco está vinculado formalmente.
Además de esto denunció el quejoso que fue comprado un software por 15 millones de pesos, cuando en el mercado existen otros más económicos.
El Ministerio Público determinó que con el fin de esclarecer la existencia de posibles irregularidades, ordenó la indagación preliminar.
Sandra Santiago B.
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