Carolina Corcho, hoy precandidata presidencial, dialogó con medios locales sobre los desafíos sociales de la región, entre ellos la inseguridad, el desempleo, la violencia contra la mujer y la economía informal. Su agenda incluye la continuidad de la reforma agraria, el respaldo a la economía popular y mejoras en políticas públicas de salud y seguridad.
¿Quién es Carolina Corcho?
Soy médica, psiquiatra, docente universitaria en salud pública y psiquiatría. Actualmente estoy volcada en mi precandidatura presidencial, encomendada por organizaciones sociales y ciudadanía. Recorro el país para dialogar con la gente de cara a la consulta popular del 26 de octubre.
En medio de tanta polarización en Colombia, ¿cómo define usted esa situación?
La llamada polarización refleja dos visiones distintas de país: una que busca mantener un estatus quo que favorece a una minoría privilegiada, y otra, la nuestra, que impulsa reformas estructurales en lo laboral, la salud, la política y el agro, para avanzar hacia la justicia social y la equidad.
¿Cómo llama usted a la reconciliación nacional?
Propongo un Acuerdo Nacional para la paz basado en el diálogo y la construcción colectiva. Necesitamos reconciliarnos con campesinos, jóvenes, mujeres y adultos mayores, superando la violencia con educación, equidad y justicia social. La reconciliación se logra escuchando y dialogando, no con armas.
¿Cree que con usted Colombia tendrá por fin su primera presidenta?
Sin duda. América Latina ya ha dado varios ejemplos de mujeres gobernando con éxito. Colombia está preparada para dar ese paso, con un liderazgo colectivo y ordenado.
¿En qué espacio político se mueve usted en esta carrera presidencial?
Estoy en el Frente Amplio, una coalición mayor que incluye al Pacto Histórico. Esta alianza es clave para dar continuidad al proyecto político del presidente Petro y alcanzar mayorías en el Congreso que permitan sacar adelante reformas pendientes, como la agraria, aplazada por más de un siglo.
¿Cuál fue el mayor inconveniente que enfrentó al ser ministra de Salud?
Tuve una oposición interna y externa muy fuerte, incluso de ministros del mismo gabinete que saboteaban las reformas. Eso retrasó el avance. El presidente Petro reconoció ese error y el tiempo perdido en ese primer año.
¿Qué logros o pilares destaca al recordar su gestión en salud?
El etiquetado frontal en alimentos altos en azúcares y sal, respaldado por evidencia científica y sociedad civil. También impulsamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y estructuramos una reforma al sistema de salud con apoyo del Congreso, aunque obstruida en el Senado.
Sobre el etiquetado de alimentos, algunos lo critican por limitar las libertades de consumo.
Es todo lo contrario. El etiquetado fortalece la libertad al brindar información para que la ciudadanía decida con conocimiento. No es una imposición, es una medida de salud pública con respaldo internacional que mejora los hábitos alimenticios.
Hace poco estuvo en Valledupar. ¿Qué propuestas tiene para la región frente al desempleo y la informalidad?
Hemos recorrido el Cesar y Valledupar dialogando con la comunidad. Proponemos avanzar en la reforma agraria para que el Cesar se convierta en despensa agrícola, potenciando la agroindustria para abastecer y exportar alimentos.
Impulsaremos la economía popular, que representa el 66% de la economía local, con créditos accesibles y asistencia técnica que permitan reemplazar prácticas informales e ilegales como el “gota a gota”.
También planteamos la reindustrialización de la mano del Ministerio de Industria y Comercio, siguiendo la ruta del presidente Petro, cuyos resultados ya se ven en el crecimiento económico del 2,7%, la creación de más de 800 mil empleos y el aumento de exportaciones no tradicionales. Apostamos por la agroindustria, la manufactura nacional, la producción de medicamentos y vacunas, y la transición energética con fuentes renovables.
¿Cómo abordaría el tema de orden público y seguridad ciudadana si llega a la presidencia?
Hay que replantear la paz total, con seguimiento riguroso a las mesas de negociación y respeto por líneas rojas como no permitir secuestros ni reclutamiento de menores. La fuerza pública debe actuar sin zonas vedadas, garantizando un equilibrio entre seguridad y diálogo.
Por Andrea Guerra
