La reciente imputación de cargos por fraude procesal contra Juliana Guerrero ha generado interrogantes sobre su continuidad en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. En una audiencia, la Fiscalía General de la Nación comunicó el inicio de una investigación por obtener diplomas de contadora pública y tecnóloga en la Fundación Universitaria San José. Según el ente acusador, la funcionaria no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado.
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A pesar de este escenario judicial, la ley permite que la delegada mantenga su posición en el órgano de dirección universitaria. La normativa señala que una imputación no desvirtúa la presunción de inocencia.
Para que exista una inhabilidad que obligue a su retiro, tendría que proferirse una sentencia condenatoria ejecutoriada o una sanción disciplinaria en firme. Otra causal de separación sería que un juez le imponga una medida de aseguramiento que le impida asistir a las sesiones, situación que no ha ocurrido en este proceso.
Depende del presidente Petro
Además de las garantías procesales, su cargo es de libre nombramiento y remoción. Esto significa que su permanencia depende de la voluntad exclusiva del presidente Gustavo Petro, quien le ha ratificado su apoyo a pesar de toda la polémica.
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Sin embargo, en la UPC hay resistencia a su continuidad. Abogados y movimientos estudiantiles han pedido la revocatoria del nombramiento, basado en que la norma exige que el representante del presidente tenga vínculos con el sector universitario: al estar anulados los diplomas de la Universidad San José, la delegada carece de un título de educación superior y resulta ilegal que continúe ejerciendo sus funciones en el consejo.
En la audiencia de este jueves, la funcionaria no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía. Solo una condena definitiva, una medida de privación de la libertad o un cambio de postura en la Presidencia de la República podrían alterar la conformación del Consejo Superior.
