La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco por los delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dentro del proceso por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La decisión resolvió las apelaciones contra el fallo de primera instancia emitido el 20 de marzo de 2024.
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En la parte resolutiva, la Corte modificó la sentencia de primera instancia para imponer a Monsalvo 265,5 meses de prisión y 20 años (240 meses) de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de la inhabilidad intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución. También ratificó una multa de $1.537.021.828, a la que se adicionan 187,93 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.
¿Por qué entra a jugar el INPEC?
Aunque la condena quedó ejecutoriada (la Corte informó que no proceden recursos contra esta determinación), el paso siguiente es administrativo y operativo: definir el establecimiento de reclusión donde el condenado cumplirá la pena intramural. En el recuento procesal del fallo se recuerda que, al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, se indicó que Monsalvo estaba en detención domiciliaria y que se debía oficiar de inmediato al INPEC para su traslado a un centro penitenciario para ejecutar la pena.
Esa competencia está desarrollada en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), que señala que el traslado de internos corresponde a la Dirección del INPEC, y que el director del INPEC resuelve solicitudes de traslado considerando cupos y condiciones de seguridad, procurando cercanía al entorno familiar del condenado.Tras la condena de primera instancia, Monsalvo estaba recluido en el “patio R” de la Cárcel Judicial de Valledupar. Posteriormente, fue trasladado al Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, en Valledupar, a un esquema de reclusión en instalaciones asociadas al batallón (incluidas referencias a “casas fiscales”), y permaneció mientras se estudiaba su caso en segunda instancia.
