Este domingo 8 de marzo, el actual representante Jorge Rodrigo Tovar aseguró virtualmente su reelección en la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Según los datos del preconteo informados por la Registraduría Nacional, el candidato sumó 23.989 sufragios, cifra que equivale al 47,7 % del total de la votación en su zona.
Tovar compitió nuevamente por la circunscripción número 12, la cual integra a las poblaciones históricamente más afectadas por el conflicto armado en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.
Contrario a hace 4 años, la campaña del congresista no tuvo competidores con estructuras políticas de un peso similar. Además, Tovar sumó a su proyecto a varias figuras que fueron opositoras durante su primera aspiración.
Tras consolidarse la tendencia en los boletines informativos de la jornada, Tovar publicó un mensaje a través de sus redes sociales: “Desde las veredas, los corregimientos y los pueblos… miles de corazones decidieron creer. Este camino apenas comienza. Seguiremos trabajando por nuestros territorios con hechos para transformar”.
Antecedentes y labor legislativa
Su primera elección hace cuatro años estuvo acompañada de controversias y demandas de nulidad por ser hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Dichos recursos jurídicos fueron desestimados en su momento por el Consejo de Estado, tribunal que avaló su candidatura tras confirmar su inscripción en el Registro Único de Víctimas por el delito de desplazamiento forzado.
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Según analistas, Tovar logró superar ese estigma. Durante su primer cuatrienio, Tovar centró su agenda legislativa en iniciativas vinculadas a la población afectada por el conflicto armado, siendo coautor de proyectos clave como las modificaciones a la Ley 1448 de 2011 para flexibilizar los tiempos de declaración de las víctimas.
Respecto a la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro, el representante mantuvo una postura que transitó del respaldo a la crítica: si bien apoyó con su voto el marco jurídico inicial para los diálogos en 2022, posteriormente lideró debates de control político contra el Ministerio de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz, argumentando un incremento de la violencia armada y exigiendo replantear las estrategias de negociación territorial.
