Hoy el Concejo Municipal de Valledupar se enfrenta a una de las decisiones más trascendentales para el futuro financiero de la ciudad: autorizar o no un empréstito por 130 mil millones de pesos. No se trata simplemente de una cifra elevada —que ya de por sí exige cautela—, sino de la solidez real de los fundamentos sobre los cuales se pretende justificar este endeudamiento.
El eje del debate no es el crédito en sí mismo, sino la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación. Ese es el verdadero soporte de la deuda. De ese recaudo futuro depende, en términos concretos, la capacidad del municipio para responder por las obligaciones que hoy se buscan adquirir.
Es cierto que los indicadores de solvencia han mejorado, y eso refleja avances en el recaudo. Ese esfuerzo debe reconocerse. Pero hoy no estamos evaluando el pasado. Estamos tomando una decisión que compromete el futuro fiscal de Valledupar. Y es precisamente ahí donde surgen las preocupaciones.
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De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, el municipio pasaría de ingresos cercanos a los 294 mil millones de pesos en 2025, a más de 375 mil millones en 2026, y posteriormente a más de 418 mil millones en 2028. Esto implica un incremento superior a los 80 mil millones en un solo año.
No estamos frente a un crecimiento ordinario. Estamos frente a un crecimiento extraordinario, cercano al 40%. La pregunta es inevitable: ¿cuál es el sustento técnico de esa proyección?
Porque una cosa es proyectar incrementos razonables del 15% o 20%, acordes con mejoras graduales en el recaudo. Otra muy distinta es asumir aumentos de esta magnitud sin una explicación técnica sólida, verificable y sostenible.
Si esta proyección falla —y puede fallar—, lo que quedará será una deuda que el municipio no estará en capacidad de sostener en las condiciones planteadas. Al revisar la estructura de los ingresos, es claro que el crecimiento proyectado se soporta principalmente en el impuesto predial y en el impuesto de industria y comercio (ICA). Pero al aterrizar los números, las dudas se profundizan.
En materia de ICA, surge un interrogante de fondo: ¿cómo se explica un crecimiento exponencial cuando sectores estratégicos como el minero han reducido su impacto en la economía local? Según cifras de la Cámara de Comercio, existen cerca de 17.000 unidades económicas registradas, pero apenas 4.000 contribuyen efectivamente, y dentro de ellas, solo unas 400 son grandes contribuyentes.
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Entonces, la pregunta es clara: ¿de dónde saldrá el aumento? ¿De una verdadera estrategia de formalización que incorpore a más de 13.000 actores económicos hoy por fuera del sistema?
¿O de una mayor presión fiscal sobre quienes ya cumplen?
En cuanto al impuesto predial, las incertidumbres no son menores: ¿cuántos nuevos predios entrarán a tributar?, ¿qué estrategias concretas permitirán ampliar la base gravable?, ¿es suficiente la gestión administrativa para generar un salto de esta magnitud?
En sesión de socialización de dicho proyecto, la secretaria de hacienda, luego de expresarle mis inquietudes manifestó algo que me preocupó aún más. Porque en realidad esperé que la respuesta a los interrogantes del recaudo vía predial fuera la actualización catastral que viene adelantando el municipio. Pero no.
Este cálculo no se hizo con las proyecciones de una posible actualización catastral ya que, para el año 2026 se hará solo la actualización de la base de datos del 80% que corresponde al casco urbano y ese cobro, -que es donde esperaba que desde la administración iban a sostener su argumento- será progresivo y solo, hasta el 2027 se espera el recaudo. Es decir, la proyección del recaudo es sobre la base de un aumento que se pretende recibir vía recaudo recurrente, tal y como se viene recaudando a la fecha. No tienen contemplado la actualización catastral para el aumento del recaudo.
En otras palabras, el incremento proyectado para 2026 no se soporta en una transformación estructural del recaudo, sino en una expectativa de mayor eficiencia sobre las mismas bases actuales.
Y gobernar sobre expectativas, cuando se trata de endeudamiento público, es un riesgo que no podemos asumir con ligereza. Porque una cosa es el optimismo, y otra muy distinta es la responsabilidad fiscal. No es prudente comprometer el futuro financiero del municipio sobre la base de proyecciones que, a mi juicio, no están plenamente justificadas ni respaldadas por un análisis técnico suficiente.
Por estas razones, votaré negativo a la autorización de este empréstito. Porque lo que está en juego no es solo una operación de crédito. Lo que está en juego es la sostenibilidad financiera de Valledupar.
Por: Jesús Alberto Perpiñán Cárdenas, concejal de Valledupar
