El departamento del Cesar se ha caracterizado por su tierra fértil y diversa, con todos los pisos térmicos y condiciones óptimas para la producción, gracias a su riqueza en nutrientes, buena estructura y abundante actividad biológica. Sin embargo, su potencial agrícola ha sido relegado por décadas en favor de la explotación del carbón, el monocultivo de palma y la ganadería extensiva, impulsadas por intereses económicos que ocupaban la agenda gubernamental.
Esta falta de inversión en el campo, sumada a la disputa por la tierra entre grandes empresas, terratenientes y políticos, generó la consolidación de grupos armados ilegales, trayendo consigo violencia, desplazamientos forzados y despojo de tierras a miles de familias campesinas. Muchos huyeron con miedo, sin rumbo, mientras otros resistieron, aferrándose a la esperanza de que algún día las cosas cambiarían.
Décadas de lucha han marcado la historia de los campesinos del Cesar, quienes, a pesar del abandono estatal y el constante peligro, jamás renunciaron a su sueño de ser propietarios de un pedazo de tierra. Para ellos, la tierra no es solo un espacio físico, sino el fundamento de su identidad, de su cultura y de su dignidad. Durante años, organizaron movilizaciones, exigieron justicia y resistieron el despojo, pero los cambios estructurales parecían siempre lejanos, atrapados en un sistema que favorecía a los poderosos.
La implementación de la Reforma Agraria es una apuesta del gobierno del cambio en cabeza del Presidente Gustavo Petro, que busca reivindicar los derechos de los campesinos mediante la redistribución de la tierra. Basada en la implementación del punto número uno de los acuerdos de paz y la aplicación de la Ley 160 de 1994, la política agraria ha permitido la entrega de más de 577.000 hectáreas de tierra en todo el país, beneficiando en su mayoría a víctimas del conflicto armado.
En esa distribución el Cesar ha sido un protagonista destacado con aproximadamente 25.000 hectáreas entregadas, el departamento ocupa el tercer lugar a nivel nacional en redistribución de tierras, solo por detrás de Antioquia y Córdoba. Más de 3.000 familias campesinas han visto transformadas sus vidas, accediendo finalmente a una propiedad que les permitirá generar sustento y estabilidad.
Pero la Reforma Agraria no es solo una cuestión de justicia histórica. También es un motor de desarrollo económico y social. En el primer trimestre del 2025 el agro lideró un crecimiento del PIN en un 7,1 %, la democratización de la tierra ha probado ser clave en la reactivación del sector agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria, tanto para quienes trabajan la tierra como para quienes habitan las ciudades.
Apostar por el campo significa fortalecer la producción nacional, diversificar la economía y garantizar la soberanía alimentaria. A medida que más tierras vuelven a manos de quienes realmente las cultivan, el Cesar se convierte en un ejemplo de cómo la justicia social y el desarrollo pueden ir de la mano, construyendo un futuro donde la tierra pertenezca a quienes la trabajan.
POR: ALEXANDRA PINEDA.
