“Estudien, vagos”. La frase se volvió tendencia en 2020, en plena oleada de protestas contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque, cuando la dirigente política María Fernanda Cabal la lanzó contra los manifestantes —en especial contra quienes se identificaban como “Primera Línea”—Como era previsible, el país se partió entre quienes la celebraron como regaño necesario y quienes la vieron como desprecio de clase.
Colombia, en efecto, es una nación marcada por la desigualdad, la informalidad y el acceso limitado a oportunidades reales. Y aunque siempre aparecen muchas explicaciones, hay una que atraviesa todas: la corrupción, normalizada por décadas, que drena recursos y destruye la confianza institucional.
Pero como dice el refrán popular: “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”; sí existe oferta pública y sí existe apoyo estatal para estudiar. En educación básica y media, por ejemplo, el DANE registró en 2023 9,5 millones de estudiantes matriculados, de los cuales más de 7,6 millones estaban en el sector oficial. Además, ese año se reportaron 53.148 sedes educativas, y el 82,1 % pertenecía al sector público. Es decir, el país con todas sus fallas, sostiene un sistema educativo masivo. Y en educación superior tampoco es cierto que estemos condenados a la nada; Colombia cuenta con 34 universidades públicas y, además de ellas, existen decenas de instituciones públicas de educación superior vinculadas a la política de gratuidad. A eso se suma el SENA, un pilar de formación técnica y tecnológica gratuita.
