En medio de la audiencia de legalización de captura contra el abogado Juan David López y otros dos implicados, señalados de presunta extorsión a mandatarios del Cesar, se presentó un fuerte debate jurídico entre la defensa, la Fiscalía y el Ministerio Público sobre la legalidad del procedimiento.
Durante la diligencia, la defensa solicitó que se declarara ilegal la captura, argumentando que no existían los elementos necesarios para configurarla como flagrancia. Según el abogado, sus representados no fueron sorprendidos cometiendo ningún delito ni portaban dinero al momento de su detención, por lo que, a su juicio, no habría una conducta clara, individualizada e inmediata que justificara la aprehensión.
Asimismo, cuestionó que el operativo se basara en seguimientos y contextos, pero no en una percepción directa de los hechos por parte de las autoridades. También puso en duda la configuración del delito de extorsión, señalando que no se evidenció un constreñimiento real ni amenazas que obligaran a la supuesta víctima a entregar dinero.
