Las autoridades del Cesar encendieron las alarmas tras la retención ilegal de cinco conductores en un tramo de la Troncal del Caribe, en un hecho que revive el temor por las denominadas “pescas milagrosas”, una práctica asociada históricamente al accionar de grupos armados ilegales y que no se registraba en las carreteras del departamento desde hace más de dos décadas. Aunque las víctimas fueron posteriormente liberadas, el episodio ha generado preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en corredores estratégicos de la región.
De acuerdo con información suministrada por la Gobernación del Cesar, la acción fue ejecutada por hombres armados que, presuntamente, pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los hechos ocurrieron en el sector de Santa Isabel, entre el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, y el municipio de La Jagua de Ibirico, donde los delincuentes interceptaron varios vehículos que transitaban por la vía nacional.
Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde del martes un grupo de aproximadamente 15 hombres armados instaló un retén ilegal sobre la carretera. Tras detener el flujo vehicular, seleccionaron varios automotores y obligaron a sus conductores a desplazarse hacia zonas cercanas a la Serranía del Perijá, replicando una modalidad que durante los años noventa y comienzos de los 2000 fue utilizada por organizaciones armadas para cometer secuestros.
Entre los vehículos retenidos se encontraban un tractocamión cargado con huevos, un camión de víveres y abarrotes, un vehículo de transporte de carnes frías y dos automóviles particulares. La alerta fue emitida durante la madrugada del miércoles, cuando las empresas transportadoras reportaron la pérdida de comunicación y de señal satelital con los conductores, situación que motivó la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Fuerza Pública.
El secretario de Gobierno y Seguridad del Cesar, Eduardo Esquivel López, señaló que este tipo de hechos no se registraba en el departamento desde hace más de 20 años. El funcionario advirtió que la retención de conductores en una carretera nacional mediante la instalación de retenes ilegales constituye una conducta que, una vez formalizadas las denuncias, deberá ser investigada bajo las figuras penales correspondientes, entre ellas el secuestro.
La situación ha generado especial inquietud debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio. Desde la administración departamental se recordó que durante la primera vuelta electoral no se presentaron alteraciones de orden público en el Cesar, por lo que este episodio es visto como un intento de afectar la percepción de seguridad en una etapa clave del calendario democrático.
Ante el panorama, la gobernadora Elvira Milena Sanjuán Dávila viajó a Bogotá para exponer el caso ante los ministerios de Defensa e Interior y solicitar un refuerzo de las capacidades operativas en las carreteras del departamento. Las autoridades buscan evitar que se consolide el regreso de una modalidad criminal que marcó uno de los capítulos más complejos de la violencia en la región y que hoy vuelve a despertar preocupación entre transportadores, empresarios y habitantes del Cesar.
