Santa Marta es uno de los destinos favoritos de los cesarenses en los puentes de marzo y la Semana Santa, vive hoy una guerra silenciosa en la que el turismo se convirtió en botín de grupos armados ilegales. Cada año poco más de un millón de visitantes llega a la ciudad, pero detrás de la postal de playas y hoteles opera un sistema de cobros extorsivos que atraviesa buena parte de la economía local y que ya está alimentando combates en la Sierra Nevada.
Investigadores de Colombia+20 de El Espectador estiman que hasta el 95% de la extorsión ligada al turismo está bajo control de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), herederas del paramilitarismo de Hernán Giraldo, con presencia en Magdalena, La Guajira y también en el norte del Cesar. Esa renta criminal —difícil de cuantificar por la falta de denuncias y la presencia de pequeñas bandas que se hacen pasar por las ACSN— es hoy el principal botín en disputa del Clan del Golfo, lo que ha intensificado los enfrentamientos en la parte alta de Aracataca y otros puntos de la Sierra.
Cómo termina pagando el turista
Desde que un viajero sale del aeropuerto Simón Bolívar o del terminal de transporte de Santa Marta, empieza, sin saberlo, a aportar al negocio de la extorsión. Los cobros se cuelan en casi todos los servicios: transporte en bus, taxi, vans turísticas y mototaxis; hospedaje en hoteles y hostales; alquiler de motos acuáticas; compra de artesanías; y excursiones a destinos como Minca, Palomino, Taganga, Bahía Concha o el parque Tayrona.
Según el antropólogo Lerber Dimas, citado por Colombia+20, la extorsión se volvió un costo más del negocio que muchos prestadores de servicios han normalizado para poder seguir trabajando. El sistema inicia con una “matrícula” obligatoria de los locales, que puede ir de 300.000 a casi 1 millón de pesos, y continúa con pagos periódicos: “Los mototaxistas, por ejemplo, pagan cerca de 100.000 para registrarse y luego alrededor de 20.000 semanales”, explicó el investigador.
Las “vacunas” también se cobran a carperos en El Rodadero y a operadores de planes turísticos, que reconocen que el costo termina trasladado al visitante. “Eso no es que te salga en una factura el cobro de extorsión, te lo van metiendo en cositas pequeñas, y así todos pagan”, dijo a ese medio uno de los operadores, bajo reserva de identidad.
Un caso que generó alarma fue el denunciado por el defensor ambiental Luis Miguel Moisés: su hijo, contó, fue obligado a pagar 1,5 millones de pesos por un accidente vial menor que debía cubrir un seguro, bajo amenaza de “llevarlo a la Sierra Nevada”; tras nuevas intimidaciones, la familia decidió sacarlo del país. Aunque las ACSN negaron el hecho, las autoridades y organizaciones sociales coinciden en que el sistema de cobros está ampliamente extendido en la ciudad.
Guerra en la Sierra y comunidades atrapadas
Mientras la extorsión se consolida como la “tercera bonanza” de Santa Marta —después de la marimbera y la cocalera—, la disputa por ese dinero y el control de los corredores turísticos ha agudizado el conflicto armado en la Sierra Nevada. En las últimas semanas se han registrado combates entre el Clan del Golfo y las ACSN en zona rural de Aracataca, que han dejado indígenas muertos, heridos y comunidades confinadas, según reportes de medios nacionales y la Unidad de Restitución de Tierras.
El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindúa —instancia que agrupa autoridades Arhuacas, Kogui, Wiwa y Kankuamas— emitió el 13 de marzo de 2026 un pronunciamiento público en el que rechaza la violencia que afecta al territorio ancestral, denuncia que los enfrentamientos en el sector de Cerro Azul (Aracataca) han dejado al menos una persona indígena muerta y más de diez heridos, incluidos menores de edad, y advierte que las comunidades quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado y ataques con drones.
El CTC recuerda que la zona afectada hace parte de la Línea Negra —tejido espiritual que articula sitios sagrados entre mar, ríos y montañas— y advierte que la profundización de la confrontación pone en riesgo “la vida, la integridad y la permanencia de los pueblos indígenas en su territorio ancestral”. Las autoridades indígenas exigen el respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario, la habilitación inmediata de corredores humanitarios permanentes para evacuar heridos y llevar asistencia, y una reunión urgente con el Estado colombiano para diseñar medidas integrales de protección a comunidades y sitios sagrados.
Control armado sobre el turismo
La influencia de las ACSN se extiende desde el macizo de la Sierra Nevada hacia la franja costera que pasa por Ciénaga y Santa Marta, y continúa por los corredores que conducen a Palomino y Dibulla, además de municipios del sur de La Guajira y el norte del Cesar. Esa distribución territorial ha permitido a este grupo consolidar una especie de “gobernanza armada” que regula economías locales, rutas de movilidad y hasta el comportamiento de comerciantes frente a los turistas.
Pero esa regulación tiene un rostro violento: si un comerciante abusa con los precios o genera conflictos con visitantes, las ACSN pueden imponer multas de hasta 2 millones de pesos e incluso ordenar el cierre del negocio, según testimonios recogidos por ese mismo medio. En noviembre de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó castigos que van desde trabajos forzados y humillaciones públicas hasta agresiones físicas por supuestas faltas como expendio de drogas, hurtos o violencia intrafamiliar.
¿Qué implica para viajeros del Cesar?
Aunque los turistas no son el blanco directo de amenazas, casi todos terminan financiando, sin saberlo, esa economía de extorsión a través de lo que pagan por transporte, alojamiento y servicios turísticos en Santa Marta y su área de influencia. La presencia de las ACSN en corredores que conectan Magdalena con La Guajira y el norte del Cesar, sumada a los recientes combates, obliga a quienes viajan desde departamentos como Cesar a mantenerse informados sobre cierres de vías, medidas de seguridad y alertas de las autoridades civiles e indígenas antes de desplazarse en temporada alta.
