El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías de Valledupar determinó detención domiciliaria contra varios exfuncionarios públicos, contratistas y oficiales del Ejército Nacional implicados en presuntas irregularidades contractuales en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
Los implicados son: Carlos Borrego Daza, exjefe de contratación; William Díaz Bazza, secretario de Gobierno durante el periodo 2020-2023 y actual secretario de Tránsito de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico; David Franco Durán y Bernardo Antonio Rozzo, oficiales con rango de teniente adscritos al Batallón Especial Energético y vial N° 2 José María Cancino y los contratistas Alfonso Rodríguez Quiñonez y Ricardo García Deiber, quienes fueron imputados por la fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente acusador estas personas estarían vinculadas al contrato N° 255 de 2022, el cual tiene que ver con el suministro de alimentación para la fuerza pública de ese territorio con un valor de $99.996.000, del cual, según la investigación, se habían cometido irregularidades en su planeación y ejecución.
La Fiscalía logró establecer que funcionarios de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico tramitaron y celebraron el contrato de suministro durante la vigencia de 2022 con el señor Alfonso Rodríguez Quiñones para la adquisición de alimentación para los miembros del Ejército Nacional sin el cumplimiento de requisitos legales.
Carlos Borrego Daza, en calidad de jefe de contratación de ese municipio para el año 2022 antes de la suscripción del contrato, en ejercicio de sus funciones, tramitaron lo que correspondió al estudio de mercado, estudios previos, asignación de presupuestos, aprobación para realizar la correspondiente contratación y omitieron realizar las cotizaciones a los oferentes del mercado o posibles proponentes.
Por otro lado, según el ente acusador, los comandantes del Batallón de La Jagua de Ibirico, el teniente coronel Bernardo Antonio Rozzo, en fecha del 22 de julio de 2022, expidió acta de recibo a satisfacción de los alimentos cuando no existe soporte alguno de que estos efectivamente se entregaron y, por su parte, el teniente coronel Deivis Franco Durán, junto al supervisor del contrato William Díaz Bazza y el contratista Alfonso Rodríguez Quiñones, emitieron y firmaron actas de recibo manifestando en dichos documentos haber recibido alimentos cuando no ocurrió.
En la diligencia judicial de imputación de cargos ninguno de los señalados aceptó cargos, sin embargo, el juez determinó otorgar la medida de detención domiciliaria, mientras la investigación sigue en curso.
Por Redacción Judicial
