Han pasado casi seis años desde que la Fiscalía imputó a tres exfuncionarios de la Gobernación del Cesar por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y el proceso judicial avanza a paso lento en el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar.
Los procesados son el exsecretario de Educación, Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez; el exsecretario General, Jaime Luis Fuentes Pumarejo; y la excontratista Ivis del Carmen Rosado Robles, investigados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.
La imputación de cargos se realizó el 21 de noviembre de 2019, y el escrito de acusación se radicó el 20 de febrero de 2020. Sin embargo, las audiencias se fueron aplazando. Durante los dos años de la pandemia, el juzgado no les dio prioridad porque los acusados no estaban privados de la libertad y las diligencias con personas en esa condición eran virtuales.
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En mayo de 2022, cuando los despachos retomaron la atención presencial, la Fiscalía Quinta Seccional pidió en dos ocasiones que se fijara audiencia. Posteriormente, un nuevo fiscal reiteró el requerimiento y, además, denunció al juez del caso ante los entes de control disciplinario por la falta de avance en los procesos.
Hasta la fecha, ya se cuentan 15 aplazamientos. La última fue el 3 de septiembre pasado, cuando el Juzgado Noveno Penal del Circuito aplazó la audiencia de formulación de acusación, por la ausencia del fiscal. La audiencia fue fijada nuevamente para el 21 de octubre próximo. Para evitar más retrasos, la Fiscalía pidió que se asignen defensores públicos en caso de que no asistan los abogados de los procesados.
El contrato cuestionado
El caso se remonta al contrato del Programa de Alimentación Escolar del 2015, suscrito por la Gobernación del Cesar, durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, con el consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’ por $17.145 millones.
Ese consorcio estaba integrado por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araújo Noguera, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, en cabeza de Ivis del Carmen Rosado Robles.
De acuerdo con la Fiscalía, el contrato presentó sobrecostos, falta de planeación y un detrimento patrimonial millonario. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia ya condenó en primera instancia al exgobernador Monsalvo a 21 años y medio de prisión como coautor de peculado por apropiación agravado en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El fantasma de la prescripción
La dilación del proceso abre la puerta a un riesgo: la prescripción de algunos delitos. La norma establece que el tiempo de prescripción equivale al de la pena máxima, reducido a la mitad desde el momento de la imputación.
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En el caso del peculado por apropiación, la prescripción sería de 11 años, es decir, hasta 2029. Para el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el plazo es de 9 años, que vencería en 2028.
Sin embargo, el delito de prevaricato por acción tiene un término de prescripción de 6 años, que se cumpliría en noviembre de 2025, lo que deja esta conducta penal en inminente riesgo de extinguirse sin llegar a juicio.
El proceso está en etapa de juicio y la audiencia del 21 de octubre será decisiva para definir si, después de años de retrasos, finalmente se avanza hacia el descubrimiento probatorio y se esclarece la responsabilidad de los exfuncionarios y la contratista.
Mientras tanto, el contraste es evidente: mientras el caso del exgobernador Monsalvo ya tuvo condena en primera instancia, los demás implicados en el mismo contrato aún esperan que su proceso arranque formalmente.
Por: Redacción Judicial.
