Este jueves 5 de marzo iniciará formalmente el juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, y otros procesados por el delito de peculado por apropiación y cargos anexos. El caso investiga presuntas irregularidades y un detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato del sector educativo firmado durante su administración.
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La etapa de juzgamiento arranca tras la formulación de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ente que advirtió sobre un presunto derroche de recursos públicos en dicho convenio.
Las diligencias para el debate probatorio, fijadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, se llevarán a cabo de manera virtual los días 5 y 24 de marzo de este año.
Para sustentar su teoría del caso, la Fiscalía Quinta Seccional de la Unidad de Administración Pública, a cargo del fiscal Dorian Alexander Porto Rodríguez, ya comenzó a notificar a sus testigos clave. Con estos testimonios, la Fiscalía busca introducir al debate los elementos materiales probatorios que demostrarían la responsabilidad de los acusados.
La instalación del juicio oral marca el momento en el que el ente acusador y la defensa técnica debatirán las pruebas directamente ante el juez de conocimiento. En esta instancia se definirá si la evidencia recopilada tiene el peso legal suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de Ramírez Uhía, los demás exfuncionarios y los contratistas vinculados al expediente.
El origen de la investigación
El proceso judicial se deriva de un contrato que el exsecretario general de la Alcaldía, José Juan Lechuga, suscribió por delegación expresa del entonces mandatario Ramírez Uhía. El convenio se adjudicó a la empresa Corporación de Desarrollo Social Creciendo, representada legalmente por Carlos Daniel Trespalacios Carreño.
El objetivo principal de esta contratación era brindar formación a estudiantes de grado once, con el fin de fortalecer su orientación vocacional y técnica para lograr un mejor desempeño en las entrevistas de admisión de las instituciones de educación superior del país.
Aunque el proyecto contemplaba beneficiar a 3.832 alumnos de 42 colegios públicos del municipio, la investigación determinó que durante su ejecución se habrían presentado diversas anomalías que vulneraron los principios de transparencia y planeación exigidos en la administración pública.
