Las familias de más de media docena de jóvenes de Curumaní están viviendo un tenebroso calvario desde hace diez días por cuenta de “la justicia del ejército del pueblo”. El pasaje inhumano es la expresión concreta del régimen de facto de la organización del ELN que tiene el control y el poder en la región
El asunto deriva por cuenta de la agenda de cultivos de uso ilícito que esa guerrilla estableció en la Serranía del Perijá desde hace una década, cuando extendieron la cadena de producción del Catatumbo. Desde entonces una importante extensión de laderas del occidente de la cordillera en el territorio ha estado al servicio del cultivo de la coca, que en los registros oficiales se documenta con origen en Norte de Santander.
La producción que en principio se enrrutaba integralmente al norte del Cesar para ser distribuido en el Mar Caribe por las vías de Santa Marta y Venezuela, desde finales de 2018 le han sobrevenido sucesivas crisis en el tráfico y la comercialización, por lo que actores migraron a promover el consumo local donde urdieron un importante segmento para el mercado de derivados de la hoja de coca.
El territorio es un productor no reconocido. Las autoridades locales esquivan ser emplazados en su responsabilidad política, hoy con múltiples hordas de consumidores en los diferentes entornos sociales, particularmente en jóvenes que acceden fácil a la mercancía en sus variadas expresiones. Los nichos de “desechables” que arribaron por la troncal costera hace tiempo fueron ampliados por rostros conocidos de los pueblos del Cesar, ahora degradados por el consumo de basuco/basura.
Ante la cómplice actitud de autoridades y la indiferencia de los organismos de control, con marginales advertencias de instancias de derechos humanos, el fenómeno del microtráfico y consumo se instaló en el territorio vinculando en la cadena de valor de la cocaína no solo las estructuras precursoras del ELN, sino además reconocidos núcleos de delincuentes al servicio del nodo criminal que controla la hidra de poder en el Cesar y hasta más allá de La Guajira.
La tragedia que padecen las humildes familias de Curumaní es por cuenta del trabajo de expendedores al servicio de la horrible industria que incubó el ELN y ahora pretende controlar, enjuiciando a los jóvenes que tiene secuestrados en algún(os) rincón del Perijá hasta dónde han ido sus allegados a rogar por su vida y libertad.
La humillación de trabajos forzados a las que dicen están sometidos y la decisión de ejemplarizar con juicio popular a quienes la venden, revela la perversa instrumentalización social provocadas desde el interior de la organización criminal, pues son sus propios “urbanos” quienes dirigen y usufructúan los mercados locales en la región. La inquisidora justicia impuesta para exorcizar el pecado sembrado por sus intereses, tiene de víctimas a un agregado de jóvenes sin horizonte ni oportunidades sometidos al fragor del negocio, sujetos ahora a su irredimible depuración.
Las prácticas y usos de poder ejercidos por estructuras y organizaciones ilegales que han socavado las instituciones del Estado y la sociedad en diferentes estadios de la historia regional imponiendo el miedo, activando la violencia y aprovechándose de la miseria, que se han entronizado, imponiéndose como regímenes de terror no pueden superar el valor superior de la humanidad a proteger las extensiones propias de su trasegar, aún con errores y faltas. Es el inapelable derecho y la fuerza que sostiene el llamado de madres desde la angustia de su alma: la historia de dolor no se puede repetir.
Las cortesanas excusas para justificar la indiferencia ante esta afrenta se ampara en la falta de denuncia del hecho que todos conocemos pero nadie sabe y menos demanda su atención. Entre tanto las autoridades ya tienen editado el mismo formato de anuncios para ofrecer recompensas y señalar que el Gobierno nacional fue informado sobre el particular. Las familias que esperen recibir la gracia del perdón a través de las hostias que el diablo reparte en el ladino oriente.
